En la presentación de los resultados preliminares del informe “Cierre del espacio cívico en Nicaragua”, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más afirmó que hasta la fecha el régimen de Daniel Ortega ha cancelado 3,483 organizaciones no gubernamentales.
De estas casi 3,500 organizaciones canceladas, a 1,528 les fue arrebatada su personería jurídica desde la Asamblea Nacional y otras 1,855 desde el Ministerio de Gobernación.
Según el informe, mayo, junio y julio de 2022, fueron los meses en los que el régimen Ortega-Murillo canceló más organizaciones.
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De las embestidas no se ha escapado nadie, ya que hasta las organizaciones evangélicas las han sufrido, pese a que líderes evangélicos son allegados a la dictadura. El Colectivo de Derechos Humanos contabiliza 240 cancelaciones de este gremio.
Por otro lado, las mujeres también han visto violentados sus derechos civiles y en consecuencia de ello, unas 201 instituciones que defienden a las féminas han sido canceladas.
Organizaciones forzadas a disolución voluntaria
En la presentación del informe preliminar, el Colectivo de defensores de derechos humanos destacó que unas 75 organizaciones no gubernamentales han solicitado su “disolución voluntaria”, sin embargo, resaltan que la mayoría de los miembros de estas oenegés han sido “intimidados” previamente a través de llamadas que reciben de parte del Ministerio de Gobernación.
Universidades privadas liquidadas
En cuanto a la situación de las universidades, señalan que 33 organizaciones de este tipo han sido canceladas, 3 son gremiales y 30 son campus universitarios (universidades). Además consideran que la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) ha sido convertida en una “estructura paraestatal que agrede al estudiantado” y que ha “cometido crímenes de lesa humanidad”.
Del Consejo Nacional de Universidades (CNU) señalan que “ha instrumentalizado la autonomía universitaria” y esta a su vez, “ha sido concebida como un organismo de control”.
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En el mismo informe, recopilan 14 leyes represivas que el régimen ha creado o reformado desde 2018, entre ellas figuran la de Lavado de Activos (Ley 977), la Ley de Agentes Extranjeros (Ley 1040), la Ley de Ciberdelitos (Ley Mordaza); y la Ley de Defensa a los Derechos del Pueblo, que impone sanciones a los presuntos traidores a la patria.
Otras normativas represivas mencionadas son Ley sobre organizaciones sin fines de lucro (OSFL), las reformas a las leyes de gobernación, Ley de la Cinemateca Nacional y a la Ley de la Policía Nacional, en la que se sanciona a policías desobedientes.
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