Denuncian nuevos despidos de médicos por atender a heridos en Nicaragua

Otros 21 médicos en Carazo y  Masaya fueron despedidos este jueves

Médicos de Nicaragua denunciaron hoy nuevos despidos a trabajadores de la salud que han atendido a manifestantes heridos en protestas contra el presidente Daniel Ortega, en una crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos desde abril.

Al menos 11 médicos y trabajadores de la salud fueron destituidos por haber atendido a los manifestantes heridos en el departamento de Carazo, y más de 10 en Masaya, según una denuncia pública, emitida a través de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Los trabajadores despedidos afirmaron que sus destituciones fueron ilegales, debido a que el Ministerio de Salud no explicó las razones de la decisión.
«El 28 de julio recibí una llamada para que me presentara en el hospital, me extendieron una carta donde dicen que prescinden de mis servicios, no explican qué motivo, qué artículo (de ley) aplican, ni por qué se me despide», dijo a periodistas el médico de Jinotepe, Julio Sánchez.

Una carta similar recibió el médico general Hugo Montenegro, del Centro de Salud de Monimbó, una comunidad indígena de la ciudad de Masaya.

«Por medio de la presente se le informa que a partir de la fecha se le está cancelando el contrato laboral que tenía usted con esta institución, en consecuencia se da por terminada todo tipo de relación laboral con nuestro Ministerio», indica la carta a Montenegro, firmada por la directora del Centro de Salud de Monimbó, Silvana Balladares.

Unos 40 médicos del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello fueron despedidos el fin de semana pasado en la ciudad de León, al noroeste de Nicaragua, en circunstancias similares.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denominado acciones como estas como una «tercera fase» de represión que consiste en la «criminalización de los manifestantes», y la ha denominado como «más ruda, más explícita y burocrática», porque utiliza la justicia contra las personas.

La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias», lo que Ortega ha negado.