La dictadura de Daniel Ortega ha expulsado del país a 231 nicaragüenses este 2023, de acuerdo a un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). De este total 194 son hombres y 37 son mujeres. Esta lista suma el caso de los 316 nicaragüenses desnacionalizados y expulsados a Estados Unidos, en febrero pasado.
La Oficina del Alto Comisionado señaló que entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2023, el régimen ha prohibido a 31 hombres, 25 mujeres y a ocho niños, ingresar a Nicaragua. Dentro de estos casos se encuentran los familiares de las 316 personas apátridas.
En el documento publicado el 29 de septiembre, el organismo detalla que el régimen en Nicaragua ha deportado en lo que va del año a 25 extranjeros, de estos 21 hombres y cuatro mujeres.
El informe explica que se han “documentado patrones sistemáticos de violaciones por parte del Estado de Nicaragua, en particular al derecho a la libertad de circulación, a la elección libre de la residencia en el territorio, y a salir y a regresar al país, tanto de nacionales como de extranjeros a quienes el gobierno considera como voces disidentes”.
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El régimen ha ejecutado acciones como:
- La prohibición de ingreso al país de sus nacionales
- La denegación de la expedición de pasaportes nuevos y su renovación dentro y fuera del país y la confiscación de éstos, al querer salir de Nicaragua
- Deportación de nacionales y extranjeros a otros países, sin el debido proceso administrativo ni la posibilidad de interponer recursos
- La no renovación de permisos de residencia de personas extranjeras sin motivación ni posibilidad de interponer recursos
- La negativa a otorgar permisos de salida de menores de edad cuando sus padres son sujetos de interés para el Estado
- La prohibición de salida del país de nicaragüenses
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Dictadura violenta derechos de la niñez
La Oficina del Alto Comisionado reveló que también han registrado violaciones a los derechos de los niños, “especialmente sobre el derecho de preservar sus relaciones familiares sin injerencias ilícitas, la separación de sus padres y familiares contra su voluntad, la negativa y tardía respuesta del Estado de la solicitud de los padres para que los niños puedan salir de Nicaragua a efectos de reunificar a la familia, los derechos a la salud, educación y a un nivel de vida adecuado, entre otros”.
Una de las preocupaciones de la entidad de derechos humanos, es la vulnerabilidad en la que se encuentran la mayoría de personas y familias completas en los países donde deben permanecer por no poder regresar a Nicaragua, al no tener redes de apoyo, ni contar con recursos económicos, ni con las garantía a sus derechos, el acceso a una vivienda adecuada, a trabajo, educación y salud.
A todo esto se le suma, la dificultad para definir su situación migratoria de manera expedita y el desconocimiento del idioma.
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