El embajador del régimen de Nicaragua ante las Naciones Unidas (ONU), Jaime Hermida Castillo, defendió la cuestionada Ley de Ciberdelitos durante una sesión del organismo internacional, asegurando que la normativa protege los derechos de la niñez y la adolescencia.
«Nicaragua posee la Ley número 1042, Ley Especial de Ciberdelitos, que, entre otros, sanciona los delitos informáticos relacionados con la libertad e integridad sexual», dijo en la Tercera Comisión de la ONU sobre temas sociales, humanitarios y culturales el viernes, seis de octubre.
Régimen de Ortega sin soluciones a embarazos en niñas y adolescentes
El representante de Daniel Ortega aseveró que la ley castiga a las personas que abusan de niños, adolescentes o personas con discapacidad haciendo uso de las tecnologías de la información. Sin embargo, no brindó datos sobre cuántos abusadores han sido juzgados con la normativa.
Ley de Ciberdelitos para reprimir
Por el contrario, desde su entrada en vigencia en diciembre de 2020, la Ley de Ciberdelitos ha sido aplicada principalmente contra opositores, periodistas y religiosos. La legislación es conocida como «Ley Mordaza» por su intención de censurar so pena de cárcel cualquier crítica hacia el régimen sandinista.
En su discurso sobre los derechos de la niñez en Nicaragua, Castillo también citó los programas sociales tales como el Programa Amor, Amor para los más chiquitos, entre otros.
Régimen reclama por sanciones
Asimismo, sin brindar cifras, el embajador se remontó al repetitivo discurso en contra de los anteriores gobiernos, que administraron el país hace 16 años, para presentar como un logro la actual «gratuidad» en la educación, así como el acceso a la salud.
Finalmente, el régimen usó el tema de la niñez para denunciar las sanciones internacionales en contra de la dictadura. «El disfrute de estos derechos se ve amedrentado por la imposición de medidas coercitivas unilaterales a nuestros países en desarrollo», manifestó Castillo.
No obstante, Nicaragua continúa aplazada en derechos humanos bajo un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad por expertos en derechos humanos de la ONU.
El «Informe sobre los Derechos Económicos y Sociales, Nicaragua» indica que la inversión en el sector educativo es ínfima en comparación a los demás países centroamericanos y con un modelo de adoctrinamiento político. Además, el país presenta un alarmante número de embarazo en adolescentes.
Desde la perspectiva de Unicef, Nicaragua tiene el reto de reforzar los protocolos de protección a la niñez, incluido, tener una vida sin violencia.
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