Las amenazas con cárcel a los empresarios nicaragüenses pueden ahuyentar la recuperación económica y no contribuyen a un buen clima de negocios en el país, advirtió la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua.
Recientemente se supo que el sistema judicial controlado por Daniel Ortega emitió una orden de captura contra de las empresarias Victoria Cárdenas, Victoria Lacayo y Gabriela Cárdenas, quienes también son hermanas del opositor Juan Chamorro.
Las familiares de Chamorro están siendo obligadas a pagar «la astronómica suma de 9 millones 478 mil córdobas» en concepto de impuestos, después de que supuestamente, la inmobiliaria Intermezzo del Bosque propiedad de Lacayo haya percibido 325 millones de córdobas solamente entre 2017 y 2019.
Emiten orden de captura contra familiares de Juan Sebastián Chamorro
«Es absolutamente falso que la sociedad haya tenido ingresos de 325 millones de córdobas entre 2017 y 2019 (…) este reparo es absurdo tomando en cuenta que los lotes se vendieron ya hace más de 13 años. Se trata de un cobro expropiatorio por falsos ingresos» alegó Victoria Cárdenas.
Jueza orteguista emite orden de captura en contra de mi esposa Victoria Cárdenas, mi suegra Victoria Lacayo y cuñada Gabriela. La Alcaldía impuso reparo ilegal de 9 millones 478 mil cordobas. No nos dejaremos intimidar por esta nueva forma acoso. pic.twitter.com/eMYszDSEPy
— Juan Sebastián Chamorro (@Jschamorrog) September 3, 2020
CANATUR calificó la acción como arbitraria por parte de la Alcaldía de Managua y valoró «que violentan las leyes del país y por ende los derechos de los nicaragüenses y las empresas», además de que profundiza el desempleo y ahuyenta la recuperación económica en medio de la crisis en que se encuentra el país.
«Bajo un contexto de grave recesión económica, en especial para el sector turismo, mientras otros países realizan planes de alivios fiscales y apoyo a la empresa privada, la Alcaldía de Managua arremete en contra de los empresarios ejecutando medidas coercitivas en un claro intento de intimidación, perjudicando aún más el ya debilitado clima de negocios de Nicaragua», valoró CANATUR.
El caso de estas tres empresarias es conocido porque se atrevieron a denunciarlo públicamente, pero alegan que no son las únicas con este problema. «Empresarios han caído presos por supuestas deudas con el Estado, son decenas de casos de empresarios y empresas que han tenido que pagar millonarias sumas de dinero.Los afectados no han querido hacer la denuncia por temor a represalias. Cada quien es dueño de su propio miedo. En este terrorismo fiscal está detrás una red de abogados supuestamente privados en alianza con funcionarios de la Alcaldía de Managua» dijo Juan Chamorro en un escrito que divulgó.
Empresarios denuncian cobros excesivos y multas arbitrarias
A mediados de la semana, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES determinó que los empresarios, al menos los del sector comercio, han expresado que son víctimas de «cobros excesivos y multas arbitrarias» por parte de las autoridades municipales sin ningún tipo de sustento legal.
FUNIDES también indica que las empresas reportan complicaciones como la arbitrariedad, las constantes auditorias de las alcaldías y la lenta burocracia gubernamental, además del alto costo de la energía eléctrica. Por si fuera poco, los empresarios también temen una nueva reforma fiscal en lo que resta del 2020 o bien para el próximo año.
La crisis económica y la crisis sanitaria ha dejado graves perdidas a las empresas – Foto: Hans Lawrence Ramírez/Nicaragua Investiga
El organismo reporta que los empresarios también tienen complicaciones con la Dirección General de Aduanas porque se está aplicando dudas de valor de los productos que importan con el fin de aplicar más impuestos, sumado a eso denuncian atrasos con los trámites, lo cual perjudica el funcionamiento de sus negocios.
«El gobierno es un cuello de botella para las operaciones económicas en este país (…) la presión viene de distintas formas y de distintas partes» detalló FUNIDES, y registra un aumento de las amenazas y auditorias a partir del mes de marzo del 2020.
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