The Economist: Oposición nicaragüense perdería comicios de 2021

La Economist Intelligence Unit (EIU) pronostica que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) logrará retener el poder presidencial para el período 2021-2025, incluso cuando el nivel de apoyo al partido es el más bajo en más de una década. Según la unidad de negocios, aunque la oposición cívica nacional participe en las próximas elecciones de noviembre de 2021, esta sería incapaz de cambiar el equilibrio de poder dado a que «es poco probable que las elecciones sean libres o justas».

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La EIU señala que, ante la probable falta de una solución negociada al conflicto político actual, Daniel Ortega (o un candidato de su elección) permanecería en el poder para el período 2021-2025. Ya que, aunque Ortega realice «modestas concesiones» en el tema de reformas electorales en un intento de legitimar las elecciones a nivel internacional, «es probable que sean superficiales, ya que el FSLN mantendría el control sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE), el Poder Judicial y otras instituciones importantes».

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Daniel Ortega ocupa el poder desde 2007 y desde entonces «ha utilizado la mayoría legislativa del FSLN para eliminar los límites del mandato presidencial, fortalecer los poderes ejecutivos y reforzar el (ya fuerte) aparato de seguridad del estado». La EIU considera que la influencia prácticamente ilimitada de Ortega sobre las instituciones estatales le permitirá permanecer en el poder a pesar de la crisis política iniciada en abril de 2018.

De igual forma, el reporte de la EIU considera que la principal oposición al FSLN es la Alianza Cívica, la cual sumada a la Coalición Nacional podría volverse «más competitiva» en las próximas elecciones presidenciales ante la creciente insatisfacción con el FSLN impulsada por la mala gestión del brote de Covid-19, por las preocupaciones sobre la situación económica y por la creciente inseguridad pública. Una complicada posibilidad ante las recientes fracciones dentro de la oposición nicaragüense, que incluye la salida de la Alianza Cívica de la Coalición Nacional, y que además posee diversos vacíos como la ausencia de una persona «fuerte» que lidere.

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Pero aún cuando la oposición lograra consolidarse y entrar en las urnas, la EIU considera que «es poco probable que compita en elecciones libres y justas». A mediados de octubre, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, la cual prácticamente restringe que algunos líderes de la oposición se conviertan en candidatos a cargos públicos.

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El reporte señala que con esta medida, junto al resto de combo de leyes recientemente aprobadas, «el FSLN está claramente señalando que tiene la intención de gestionar el proceso electoral de 2021 de manera similar a las elecciones nacionales y municipales de 2016 y 2017, respectivamente».

EEUU un obstáculo para Ortega

Sin embargo, el reporte de la EIU considera que una de las principales vulnerabilidades del gobierno de Ortega para permanecer en el poder, es su exposición a las medidas punitivas de Estados Unidos, el cual ya ha aplicado sanciones a 24 altos funcionarios nicaragüenses, incluida la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.

Estados Unidos también ha utilizado su influencia en instituciones multilaterales para frenar significativamente nuevos préstamos oficiales a Nicaragua, por lo que tales presiones podrían eventualmente debilitar la posición de Ortega.

Y en caso de una escalada significativa de presión política o económica, el control del actual presidente estaría determinado por el papel de las fuerzas de seguridad, ya que Ortega «ejerce actualmente control total sobre la Policía y una fuerte influencia sobre los militares», señala la unidad.

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A pesar de esto, sostienen que existe un alto riesgo de fracturas  dentro del partido si las condiciones económicas o políticas empeoran radicalmente. El principal desafío de la política exterior de Nicaragua sería navegar sus lazos con Estados Unidos «de una manera que sea compatible con la supervivencia del régimen de Ortega«.

Consideran que el gobierno de Ortega buscará restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua bajo la administración del demócrata Joe Biden. Sin embargo, «seguimos siendo escépticos de que las próximas negociaciones bilaterales produzcan tal resultado».

Estados Unidos continuará aplicando sanciones específicas contra funcionarios públicos nicaragüenses en un intento de presionar al gobierno sandinista para que emprenda reformas democráticas, pero consideran poco probable que los esfuerzos produzcan los resultados deseados.

El gobierno de Ortega espera cambios con la administración de Biden, según analistas. Getty Images via AFP

Caída económica

La economía experimentará una recuperación muy débil tras una recesión que comenzó desde 2018 y se agravó con la llegada del Covid-19 en 2020, detalla el reporte. El PIB real estaría por debajo de su pico de 2017 durante todo el período 2021-2025. Y aunque el gobierno buscará consolidar sus cuentas a partir de 2022, «los requisitos de financiamiento siguen siendo altos y la financiación será un desafío».

«Los intentos del gobierno de consolidación fiscal se verán frustrados a corto plazo en medio de una fuerte caída económica», y se espera una recuperación económica parcial «junto con los esfuerzos agresivos de aplicación de impuestos que ayudarán a impulsar la recaudación de ingresos». Esperan que esta agresiva administración tributaria impulse la recaudación del gobierno central, la cual cayó un 2.3% entre enero y julio de 2020 a pesar de las estrictas reformas.

Además, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y empresas estatales, incluidas Enatrel (transmisión de electricidad), Enel (generación de electricidad) y Enacal (agua), seguirán presentando grandes déficits «que el gobierno tendrá que absorber».

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De cara al futuro, la EIU espera que el gobierno se embarque en una nueva ronda de reformas a la seguridad social en 2022, que ayuden a reducir el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) del 3.3% al 2.5% del PIB. Sin embargo, es probable que la mejora de las finanzas del INSS sea de corta duración, pues ante la ausencia de una resolución a la crisis política y mejoras significativas en el entorno empresarial «el INSS no podrá aumentar su base de contribuyentes a un ritmo sostenible» y volvería a 3.3% en 2025.

Tras las recientes actualizaciones de datos del Banco Central de Nicaragua (BCN), las proyecciones para 2021 han mejorado y ahora la EIU pronostica un crecimiento del PIB real del 1% en 2021, en contraposición con una contracción del 1.5% anteriormente. Pero «una serie de factores indican que los riesgos para las perspectivas a corto plazo siguen apiladas a la baja», ya que a pesar de la reciente estabilización en los casos de Covid-19 existe aún un riesgo sustancial de que una nueva ola frene las actividades económicas —incluso sin la imposición de medidas formales de contención—.

Además, el crecimiento económico se verá obstaculizado por la falta de apoyo, el aumento de la inestabilidad política y el malestar social de cara a las elecciones de noviembre de 2021 «pesarán sobre la confianza de los consumidores y las empresas». Como tal, se espera que el crecimiento del PIB real promedio sea de solo 1.7% en 2022-2025.