La administración de Daniel Ortega obligó el pasado 9 de agosto a los Gobiernos Territoriales, Indígenas y Afrodescendientes a firmar una carta donde supuestamente respaldan al Frente Sandinista de cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, según denuncian los defensores de derechos de las comunidades indígenas que califican esto como un “atropello” y una violación a la autodeterminación de los comunitarios.
Si los líderes territoriales no firmaban la carta, “no les iban a entregar las transferencias del Presupuesto General de la República (PGR) que corresponden a 57 millones córdobas”, denunció Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río.
El ambientalista explicó que los Gobiernos Territoriales, Indígenas y Afrodescendientes de la Costa Caribe Nicaragua, fueron citados en Siuna por el gobierno sandinista a una reunión que se suponía sería para la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
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A esa reunión llegaron funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para presionar a los líderes territoriales a que firmaran la carta de respaldo. Los firmantes corresponden a 24 pueblos indígenas y afrodescendientes que son los que tienen la titularidad sobre los territorios.
Líderes comunales sorprendidos
Amaru Ruiz asegura que muchas de las comunidades y asambleas comunales indígenas se “sorprendieron” de lo que firmaron los gobiernos territoriales, por lo que sus líderes tuvieron que explicarles que se vieron obligados a firmar, ya que hasta ese momento no habían recibido el presupuesto que por Ley les corresponde.
“El Presupuesto General de la República es establecido por la Asamblea Nacional que proceden de los impuestos de los nicaragüenses y que no se deben politizar ninguno de estos recursos y las asignaciones presupuestarias”, denunció Ruiz.
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“Pero lamentablemente lo que están haciendo es instrumentalizando el presupuesto y estas transferencias para crear un ambiente de conformidad con los Gobiernos Territoriales, Indígenas y Afrodescendientes con el Frente Sandinista”, zanjó.
Violación a los derechos humanos
Ruiz sostiene que esto es un atropello más a las comunidades indígenas y afrodescendientes a su derecho a la autodeterminación por “la vinculación en la partidización de estos fondos del Estado en función de la campaña del Frente Sandinista”.
María Luisa Acosta, defensora de los derechos de las comunidades indígenas, señaló por su parte que el actuar del gobierno sandinista viola los derechos de autodeterminación, “que irónicamente tanto enarbola el Estado de Nicaragua”, lo que considera contrario a todo lo que dice la carta que presuntamente se vieron forzados a firmar los líderes territoriales.
Régimen #OrtegaMurillo presionó a Gobiernos Territoriales Indígenas y Afrodescendientes, para firmar carta de respaldo al FSLN de cara a las elecciones, y sino no les daba las transferencias del PGR que son 57 millones de córdobas para 24 Gobiernos Territoriales. #SOSNicaragua pic.twitter.com/pCFY6OqRc6
— Amaru Ruiz (@AmaruRuiz) August 18, 2021
Acosta explica que los pueblos indígenas tienen autodeterminación de conformidad con normativas internacionales y bajo el artículo 5 de la Constitución Política de Nicaragua.
“Son principios de la nación nicaragüense, la libertad, la justicia, el respeto a la dignidad de la persona humana, el pluralismo político y social, el reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible”, dice dicho artículo.
¿Qué dice la carta?
La proclama firmada por 24 presidentes y líderes territoriales dice que reconocen al Frente Sandinista de Liberación Nacional como “promotor e impulsor del Régimen de Autonomía de la Costa Caribe para los Pueblos Originarios al reconocer en la Constitución Política del año 1987”.
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“Los Gobierno Territoriales Indígenas, Afrodescendientes y Alto Wanky y Bocay; somos parte del plan de desarrollo de nuestra Nicaragua, con una estrategia que hemos formulado, retomando la voluntad política de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional”, dice la proclama.
“Respaldamos al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, como bajo la conducción del presidente constitucional, Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo, han restituidos los derechos con trasformaciones nobles en sectores como salud, educación, extrema pobreza y la desnutrición”, se lee en otra parte.
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