Con periodistas encarcelados y enjuiciados y otros forzados al exilio por temor a convertirse en rehenes de Daniel Ortega, el 8 de septiembre en Nicaragua no es para celebrar con bombos y platillos el Día Internacional del Periodista.
El gremio periodístico en este país ha sido tan golpeado que no circula el diario La Prensa y sus instalaciones continúan tomadas por agentes policiales armados.
Atrás quedaron las imágenes de festejos y alegría. No es para menos, el periodismo en Nicaragua es un ejercicio de alto riesgo.
Periodistas presos
El cronista deportivo Miguel Mendoza fue arrestado la noche del jueves 21 de junio. Antes de ser apresado, logró retuitear una publicación del periodista Carlos Fernando Chamorro donde denunciaba el allanamiento de su casa de habitación.
Mendoza usaba sus cuentas en redes sociales para compartir noticias, análisis y críticas sobre la actual gestión gubernamental. Ahora, la Fiscalía lo acusa con el respaldo de agentes policiales de 10 publicaciones en su cuenta oficial de Twitter. Esto ha sido considerado por los nicaragüenses como “insólito”.
Luego de 71 días de permanecer detenido y sin ser visto por sus familiares, el 2 de septiembre Margin Pozo, esposa de Mendoza, finalmente logró reencontrarse con el cronista deportivo y este le dio un mensaje para los periodistas donde agradecía por no olvidarse de él. “Muchas gracias por tenerlo presente y que pronto va a estar en libertad”, le dijo.
Miguel Mora es el otro periodista detenido. Ya había estado preso entre diciembre del 2018 y junio del 2019.
Fue detenido el 20 de junio y su caso resulta igualmente insólito. Noticias, comentarios y tweets constituyen las “pruebas” que la Fiscalía presentó en su contra. Una de esas pruebas es una publicación de enero del 2020 en el que el también político expresó: “La Corte Suprema Sandinista al filo de ser sancionada”.
Informe: Fuentes no quieren hablar y periodistas dejan de firmar notas
Huyen para seguir informando
El temor de terminar en la cárcel o al algo peor, está obligando a muchos periodistas a guardar silencio o bien a salir de Nicaragua para poder seguir informando.
Entre los periodistas que han oficializado su exilio está Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial. El 24 de agosto la Fiscalía lo acusó de lavado de dinero, bienes y activos; apropiación y retención indebida; y gestión abusiva, como parte del caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la cual trabajaba en el desarrollo y apoyo del periodismo nicaragüense.
Carlos Fernando Chamorro salió por segunda vez de Nicaragua. Archivo
El 20 de junio pasado también se exilió Sergio Marín, director de La Mesa Redonda. “Estoy comprometido a seguir informando la verdad de los hechos desde donde me encuentro”, expresó Marín, miembro de organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
Otro de los periodistas que huyó del país fue David Quintana, director de Boletín Ecológico. “No hacemos nada presos. No hacemos nada muertos. Llegó el momento de salvar la vida, en que uno tiene que considerar resguardarse para poder seguir informando”, explicó.
Julio López, reportero de Onda Local, intentaba viajar a Costa Rica en julio pasado cuando en el puesto fronterizo de Peñas Blancas un funcionario le notificó que tenía “restricción migratoria”. Ante el peligro que eso significaba, salió del país por un punto ciego.
Julio Lopez, miembro del gremio de periodistas PCIN salió de Nicaragua por veredas tras haber sido retenido en la frontera en donde le quitó su pasaporte.
Las casas confiscadas por Daniel Ortega en 1979
El periodista Iván Olivares, de Confidencial, se exilió después de que que el Ministerio Público lo citó a una “entrevista” y empezó a criminalizar su labor acusándolo de violar la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos.
Igualmente abandonó Nicaragua Octavio Enríquez, un renombrado periodista de investigación que ha revelado muchos casos de corrupción. Enríquez ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en 2014. En el 2011 ganó el Premio Ortega y Gasset por su investigación sobre el enriquecimiento del hoy fallecido comandante sandinista Tomás Borge.
Debido a las constantes amenazas también se exilió el periodista Jacksell Herrera, de 21 años, colaborador de Nicaragua Actual en el departamento de Jinotega. Herrera emprendió el peligroso camino por tierra hacia Estados Unidos, cruzó el río Bravo, se entregó a las autoridades migratorias de ese país y pidió asilo político.
A estos nuevos casos hay que sumar una larga lista de comunicadores que salieron de Nicaragua entre el 2018 y el 2019 y no regresaron.
Ley de Ciberdelitos
Desde que en mayo pasado el gobierno de Ortega inició una causa contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por supuesto lavado de dinero, ha hecho desfilar a más de cien periodistas por la Fiscalía. Allí sufren todo tipo de amenazas y cuestionamientos a su labor periodística.
En esas entrevistas son amenazadas especialmente con la Ley de Ciberdelitos, aprobada en octubre del 2020 por la Asamblea Nacional controlada por el presidente Daniel Ortega. Esta ley establece sanciones y largas penas de cárcel para quienes hagan o divulguen “noticias falsas”. El problema radica en que para el gobierno sandinista toda denuncia en su contra es “falsa”.
Nicaragua Investiga
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