Silencio. Esa ha sido la respuesta tanto de la Policía Nacional como de la Diócesis de Granada tras el arresto del padre Manuel Salvador García, párroco de la iglesia El Calvario de Nandaime.
El sacerdote supuestamente fue arrestado por la Policía con lujo de violencia este 1 de junio en casa de familiares en el departamento de Carazo.
La detención del religioso, de 57 años, se da luego de hacerse viral un video filmado el 30 de mayo por la noche en donde se ve al sacerdote discutiendo desde dentro de la parroquia con algunas personas que desde afuera le gritan e insultan. El sacerdote está con un machete en la mano desafiando a quienes incluso lo amenazan de agarrarlo a pedradas, acusándolo de agredir a unas mujeres.
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Hasta el momento la Policía Nacional no ha confirmado el arresto del padre García.
Nicaragua Investiga llamó y dejó mensajes vía Whatsapp al padre Luis Vallejos, Vicario General de la Diócesis de Granada, y al padre Winder Morales, Vicario de la Catedral de Granada, sin embargo, hasta al momento de publicar este artículo no habíamos obtenido respuesta.
Padre Manuel Salvador García.
Maquinaria oficialista circuló el video de manera simultanea al día siguiente
De acuerdo a diferentes reportes, el padre García ha sido un crítico del régimen de Daniel Ortega tras el estallido social del 2018.
El confuso hecho ocurrido el lunes ha sido ampliamente explotado por los medios oficialistas, que a la noche siguiente empezaron a circular en redes sociales, de manera simultánea, el video en el que se ve al sacerdote con el machete.
La situación con el religioso se da en momentos de un fuerte asedio del régimen de Daniel Ortega a varios sacerdotes católicos, como el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez; padre Uriel Vallejos, de Sébaco; y el padre Harving Padilla, de la Iglesia San Juan Bautista, de Masaya, quien luego de casi 10 días cercado por la policía fue sacado del lugar por una delegación de sacerdotes de la Arquidiócesis de Managua. Desde entonces el padre Padilla mantiene silencio.
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El 4 de mayo pasado la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, aprobó un informe sobre posibles reformas penales, en las que se amenaza con llevar a la cárcel a aquellos religiosos y directores de organizaciones de Derechos Humanos que, según el oficialismo, se involucraron como “dirigentes” en las protestas antigubernamentales del 2018.
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