El dictador Daniel Ortega y sus funcionarios perpetradores de crímenes de lesa humanidad, podrían ser denunciados de forma individual en tribunales de otros países por estos delitos, tal y como lo sugirió el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en su más reciente informe divulgado este jueves en Ginebra. Suiza.
Esta comitiva llama a los Estados a “iniciar acciones legales contra los individuos responsables de violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna (de cada país), así como ampliar sanciones contra individuos e instituciones que hayan cometido crímenes en el derecho internacional”.
Con el despojo de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses en febrero pasado se abre la posibilidad de que algunos de estos, al adoptar una nueva nacionalidad puedan hacer las denuncias correspondientes cuando la legislación interna lo permita.
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En esta misma sintonía el abogado Danny Ramírez Ayerdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH), explicó que las personas pueden elevar estas denuncias a los tribunales de cada país sean o no desnacionalizadas como lo hizo CALIDH en Argentina, y esto debe reproducirse en los tribunales de otros países, y no solo centrarse en la Corte Penal Internacional,
“Incluso se puede crear un tribunal penal especial para Nicaragua, como sucedió para la exYuguslavia, Ruanda o Sierra Leona. Esto lo puede hacer Naciones Unidas. De modo que hay una serie de mecanismos que se pueden activar”, refirió Ramírez.
La Corte Penal Internacional como los Estados democráticos pueden juzgar a cualquier persona que haya cometido los crímenes que están en el Estatuto de Roma, que son crímenes de genocidio, contra la paz, de lesa humanidad y crímenes de guerra, entonces estos crimen como ofenden a la humanidad en su conjunto, “cualquier Estado que sea parte o que reconozca dentro de su legislación el Estatutos de Roma, o sea que el país se sienta ofendido por algo que sucedió, por ejemplo en El Salvador o Nicaragua, entonces ahí están esas vías”, explicó el jurista.
“Yo quiero que se vea que no estamos con los brazos amarrados y que más bien esto implica esperanzas, y no hay que esperar que los órganos actúen, sino que nosotros también tenemos que denunciar”, precisó.
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Principio de jurisdicción universal
El catedrático en derechos humanos, Uriel Pineda, quien también es uno de los ciudadanos afectados, sostuvo que la ruta idónea de acceso a la justicia debería de ser la Corte Penal Internacional, pero como Nicaragua no es parte del Estatuto de Roma, esto no es posible. Pero, una de las opciones que plantea es lo que se conoce como principio de jurisdicción universal en la que prevé la posibilidad de que en el territorio de otro país, se puede juzgar crímenes que se cometieron en contra de personas.
“Argentina lo tiene en su marco normativo y ya se ha activado, no es el único país que lo tiene, buena parte de los países europeos también lo tienen y hay una singularidad en el caso de España, donde se puede, siempre y cuando un ciudadano español lo active, de manera tal, que, si un nicaragüense toma esta ciudadanía, tendría la posibilidad material de presentar el caso ante la justicia española por crímenes de lesa humanidad”, apuntó el activista.
Explicó que esta posibilidad se conecta con el informe de los expertos en Ginebra, porque dentro de las recomendaciones hacen una invitación a los Estados al ejercicio de la jurisdicción universal, y que esto es principalmente en Europa y para que esto se pueda materializar como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas, habría que detener a Daniel Ortega y Rosario Murillo y procesarlos en Europa.
“Creo que es un mecanismo político de presión, y es muy importante activarlo porque va cerrando brechas y va convirtiendo a Nicaragua en una gran cárcel para Daniel Ortega. De modo que perfectamente se pueden sumar España o cualquier otro país, y efectivamente, todas las personas que hemos sido desplazados por esta violación a gran escala de los derechos humanos. Tendríamos que analizar el marco jurídico de cada país y en función de ello, tomar la decisión”, reflexionó Pineda.
Responsabilidad individual
El exfuncionario judicial Yader Morazán, manifestó que los desterrados nicaragüenses una vez siendo ciudadanos de cualquiera de estos países, automáticamente obtienen un estatuto legal, por lo que pueden pedir a sus nuevos países que se activen como estados protectores, aunque destacó que esto no es una camisa de fuerza para que los Estados puedan iniciar un proceso indistintamente que sean o no nacionales.
“Porque cuando hablamos de una violación de derechos humanos como esta, a quien lesiona los crímenes de lesa humanidad es a la persona humana en el mundo, y no necesariamente exclusivo a los nicaragüenses, por eso los países pueden abrir procesos en contra de los perpetradores”, recalcó.
Morazán celebró que lo importante del reciente informe de los expertos es que es un primer paso dirigido a la responsabilidad penal individual de los perpetradores porque busca la investigación de las líneas de mando, las estructuras de poder, el modus operandi, a diferencia de los informes anteriores, que hacía responsable al Estado como persona jurídica y no buscaba directamente a los criminales con un enfoque penalista.
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