El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentó el octavo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, donde recopilaron 158 casos personas torturadas desde el inicio de las protestas en abril del año 2018, hasta la actualidad.
El informe destaca que el régimen de Daniel Ortega “ha instaurado un sistema de terror de Estado y una política de detenciones arbitrarias y tortura contra personas consideradas como opositoras y tratadas como enemigas y sin derechos”. De acuerdo a la información documentada estas personas han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Según este organismo, de las 158 víctimas de tortura, 130 son hombres, incluyendo 2 menores de edad, y 28 son mujeres. Esta cifra incluye a una mujer trans.
Dicho informe detalla también que del total de víctimas, 153 tuvieron una participación en las protestas iniciadas en abril de 2018, por ello, del total de casos recibidos 123 personas fueron amenazadas, asediadas u hostigadas previo a su detención.
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Ante la fuerte represión de la dictadura sandinista, la organización optó por garantizar la confidencialidad en cada uno de los casos y decidió citar únicamente número de expediente interno en mención, el cual posee letras y número aleatorios.
El informe plantea una herramienta “que contribuye no solo a las demandas de justicia de las víctimas de este crimen sino también a la construcción de memoria histórica para preservar la verdad de las atrocidades cometidas contra personas presas políticas y sus familiares, así como, una herramienta de incidencia internacional que interceda ante organismos de protección de derechos humanos”.
Régimen acusado de violencia sexual y simulación de ejecuciones
Parte de los abusos documentados son que durante estos cinco años de crisis en Nicaragua, el régimen de Ortega ha cometido más de 40 actos o métodos de tortura contra presos politicos. Entre estas se registran: 151 casos de condiciones extremas e inhumanas de detención, 102 casos de tratos verbales degradantes, 130 golpizas, 84 amenazas de muerte contra los encarcelados y sus familiares, 34 casos de desaparición forzada, 18 quemaduras, 15 choques eléctricos y tortura por suspensión o “colgamiento”, siete desprendimientos de unas y nueve casos de simulación de ejecución o asesinato.
La violencia sexual es otra de las agresiones cometidas por el régimen sandinista. El Observatorio dio a conocer que 113 personas fueron victimas de violencia sexual. De forma proporcional, el grupo de mujeres reflejó un número más elevado en ese sentido.
Dentro de las prácticas de violencia sexual el organismo logró identificar cuatro casos de toma forzada de fotografías y videos a mujeres completamente desnudas, tres mujeres denunciaron que fueron sometidas a interrogatorios estando desnudas y 10 casos de abuso sexual.
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Altos jefes de la Policía responsables de torturas
El Observatorio Nicaragüense contra la Tortura identificó que oficiales de la policía desde el rango menor hasta el rango mayor dentro de la institución son parte de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos.
“Primer Comisionado Francisco Díaz, quien fuera denunciado en una ocasión por ejercer amenazas contra un preso político, además de ser el Director de la institución policial que es la principal denunciada de prácticas sistemáticas de tortura”, detalla el informe.
Así mismo fueron identificados nueve jefes policiales responsables de estos delitios: Comisionado General Fidel Domínguez (León), Comisionado General Luis Barrantes (Masaya), Comisionado General Pedro Argueta (Carazo), Comisionado General Luis Alberto Pérez Olivas (DAJ-Chipote), Comisionado General Marvin Castro (Jinotega), Comisionado General Adolfo Marenco, Comisionado General Juan Valle Valle, Comisionado general Vladimir Cerda Moraga18 y Comisionado General Ramón Avellán.
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Según el organismo defensor de derechos humanos, los funcionarios “fueron denunciados por amenazar a las personas presas políticas, ordenar su detención y dirigir las prácticas de tortura (…) Tanto el Comisionado General Ramón Avellán como Fidel Domínguez son quienes han sido denunciados en mayor cantidad”.
Alcaldes torturadores
Pero no solo la Policia Nacional cometió agresiones contra la integridad de los nicaragüenses. Este informe afirmó que seis alcaldes entre 2018 y 2019 contribuyeron con los actos de represión: el alcalde de Nagarote, Juan Gabriel Hernández Rocha; el alcalde de Matagalpa, Sadrach Zeledón Rocha; Ebert López, alcalde de El Rosario; alcalde de San Carlos, Johnny Gutiérrez; la alcaldesa de Ticuantepe, Ligia Ramírez; y el alcalde de Tipitapa, César Vásquez Valle.
El informe concluye que en “Nicaragua se mantiene una sistemática persecución, criminalización y castigo, para lo cual existe toda una maquinaria estatal y paraestatal que por acción u omisión son responsables también de crímenes de lesa humanidad y en el caso concreto del delito internacional de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, método extremo de terror y parte de las graves violaciones a los derechos humanos, en perjuicio de la población nicaragüense”.
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