El equipo jurídico de la organización Acción Penal solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevar el caso del asesinato de la joven Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para que el Estado de Nicaragua responda por el crimen de la joven a manos del paramilitar sandinista Pierson Gutiérrez Solís en julio del 2018.
Los abogados presentaron ante el organismo un escrito en el que solicitan que ordene al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo «evitar la impunidad en casos de graves violaciones a derechos humanos como ocurre en el presente caso», así como decretar que en este hecho se violó el derecho a la vida y acceso a una tutela judicial efectiva.
Acusan a la dictadura de «utilizar el fraude a la ley para simular un proceso legítimo con la finalidad de ocasionar un daño ilícito a la contraparte del proceso y beneficiar a la otra».
Los juristas demandan que la Corte IDH declare la «Ley de Amnistía», promovida por Ortega en 2019, «incompatible» con la Convención Americana de Derechos Humanos, careciendo de efectos jurídicos y que no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos.
Pierson Gutiérrez Solís, un paramilitar confeso en la planilla del Estado
Destacan reportaje de Nicaragua Investiga
Entre las observaciones del crimen, el equipo de Acción Penal hace referencia a un reportaje de Nicaragua Investiga sobre el paramilitar Pierson Gutiérrez Solís, quien en el 2018 confesó haber matado a la estudiante brasileña. En la investigación no solo se destaca que está en libertad, sino que además trabaja en el Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua (Irtramma) y es halagado por el sandinismo.
Acción Penal también pide declarar la violación al derecho a la integridad personal a la familia, contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, con el objetivo de respetar los derechos de la madre de la joven, María José Da Costa, quien aún demanda justicia por el asesinato.
Los juristas explican que la Comisión emitirá un informe sobre el fondo que incluirá recomendaciones al Estado que pueden ser dirigidas a hacer cesar los actos violatorios de los derechos humanos e investigar los hechos y sancionar a los culpables. Si la CIDH decide someter el caso a la Corte IDH, ésta lo analizará y emitirá una sentencia fundamentada.
En noviembre de 2022, la Corte IDH declaró en «desacato permanente» al régimen de Nicaragua por las numerosas órdenes de liberar a los presos políticos. La situación ya fue expuesta ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Diversas voces demandan que todas las pruebas por los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Nicaragua sean llevadas ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Nicaragua Investiga
You must be logged in to post a comment Login