Daniel Ortega y Rosario Murillo cerraron octubre con 91 presos políticos en sus mazmorras

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló y desterró a 222 prisioneros políticos hacia Estados Unidos, el pasado mes de febrero. Hubiesen sido 223, pero monseñor Rolando Álvarez se negó a subir al avión y desde entonces el régimen lo tiene en una celda de castigo en la cárcel Modelo de Tipitapa.

Por esa razón, al finalizar ese mes de febrero, solo había 37 prisioneros políticos en las cárceles de la dictadura, una mujer y 36 hombres, señala en su página web el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. De ese total, 10 estaban prisioneros desde antes de las protestas de 2018 y los restantes 27 fueron aprisionados después de las mismas.

Ocho meses después, el régimen nuevamente está llenando sus mazmorras de prisioneros políticos, a pesar de que ha desterrados a más, principalmente sacerdotes. El 18 de octubre pasado expulsó a Roma a 12 religiosos católicos que estaban encarcelados.

El último informe del Mecanismo, hasta el 31 de octubre pasado, indica que la dictadura tiene encarceladas a 91 reos políticos, 17 mujeres y 64 hombres, ocho más que al cierre de septiembre pasado.

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Últimos dos meses

Entre el primero de septiembre y el 31 de octubre, la Policía del régimen detuvo de manera ilegal y arbitraria a 24 nicaragüenses por motivos políticos, de los cuales liberó a 15 y mantuvo encarcelados a nueve, indica el comunicado.

Entre esos detenidos están los líderes indígenas miskitos Brooklyn Rivera y Nancy Elízabeth Henríquez, quienes no han sido liberados.

Fue notorio el aumento de detenciones arbitrarias exprés, las que en su mayoría son realizadas por personas vestidas de civil y a bordo de camionetas blancas no identificadas como policiales, y luego niegan información a los familiares de los detenidos.

Además, la dictadura continúa celebrando juicios dentro de los penales y sin el traslado de la persona al complejo judicial, realizándolas a través de videoconferencia y negándoles el derecho a un abogado defensor de su elección y confianza.