La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los diputados del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera y Nancy Elízabeth Henríquez, recientemente detenidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El organismo pro derechos humanos, adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió la resolución tras considerar que ambos líderes miskitos se encuentran «en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».
Ambos beneficiados son diputados regionales por Yatama.
En el caso de Rivera, fue detenido el pasado 29 de septiembre, cuando de forma violenta, y sin orden de allanamiento, policías orteguistas lo detuvieron en su casa en Bilwi, lo golpearon, lo esposaron y hasta la fecha no se sabe de su paradero.
Mientras que, a Henríquez, la detuvieron el pasado primero de octubre cuando fue abordada por policías encubiertos que la arrestaron sin decirle el motivo. Al igual que Rivera, no se sabe dónde está la diputada miskita.
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Dictadura calla
Aunque la CIDH lo solicitó, la dictadura de Ortega y Murillo no brindó información que ayude a conocer el estado de los detenidos.
En sus resoluciones, la CIDH le está pidiendo al régimen que muestre a Rivera y a Henríquez y que informe sobre las condiciones de salud en que se encuentran, dónde los tienen y que les permitan visitas.
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Afectaciones a indígenas
Por su parte, el organismo indígena INANA-AIP-Plataforma de Pueblos Indigenas y Afro descendientes emitió un comunicado externando preocupación por la situación de Rivera y Henríquez.
“Es importante destacar que Rivera y Henríquez son representantes del partido político regional indígena Yatama, al cual el gobierno canceló la personería jurídica el 2 de octubre mientras sus líderes estaban detenidos. Esta acción plantea serias interrogantes sobre el respeto a los derechos políticos y la participación de los Pueblos Indígenas y afrodescendientes en el sistema democrático de nuestro país», reza parte del documento.
La proclama también indica que los detenidos desempeñan un papel crucial en la defensa de los derechos políticos y sociales de sus comunidades y en la promoción de la diversidad cultural y la justicia social.
“Su detención arbitraria y desaparición forzada no solo afecta a ellos y a sus familias, sino también a toda la comunidad indígena y a la sociedad en su conjunto”, lamenta el escrito.
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