El diputado sandinista Carlos Emilio López defendió este lunes la propuesta de ley de cadena perpetua argumentando que es algo que se aplica también en otros países, a la vez que al justificó lo ineficaz que ha sido el gobierno de Daniel Ortega para prevenir las violaciones a niñas, diciendo que este es un fenómeno «histórico y «multicausal».
López, miembro de la Comisión de de Reconciliación, Justicia y Paz del parlamento nicaragüense expresó que la propuesta de ley de cadena perpetua “se está trabajando desde la Corte Suprema de Justicia” y posteriormente será llevada a la Asamblea Nacional para ser discutida y aprobada.
Cadena perpetua: un retroceso en materia de derechos humanos en Nicaragua
“Es una sanción penal, la máxima sanción penal a quienes cometan crímenes atroces, es una sanción que existe en muchos países del mundo, existe en Estados Unidos de América, existe en varios países de América Latina, existe en varios países de Europa, de África, de Asia, así que Nicaragua no va a ser la excepción en tener la máxima sanción penal que se impone a quienes cometan crímenes de odio, delitos atroces que lesionan la vida, la integridad y la libertad sexual y que lesiona los sentimientos y la dignidad de las familias de las víctimas y de toda la nación”, declaró a periodistas.
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No menciona los criterios políticos de la iniciativa
El legislador parece ignorar que en la mayoría de los países que menciona la cadena perpetua se aplica en base a criterios jurídicos y no a criterios políticos, como lo han manifestado abiertamente el mismo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
López explicó que para aprobar la ley se requerirá una reforma parcial en dos legislaturas a la Constitución Política, la cual establece en la actualidad que la pena máxima es de 30 años. Igualmente luego se deberá reformar el Código Penal.
“Los crímenes de odio son delitos que se cometen con atrocidad, con barbarie, por ejemplo, asesinatos múltiples, por ejemplo violar a una niña y posteriormente asesinarla, incinerar a una persona, quemar viva a una persona, por ejemplo mutilar a una mujer, violarla, descuartizarla, después lanzarla a un basurero, a una letrina”, ejemplificó, omitiendo que otros legisladores, al igual que Ortega y Murillo, también hacen referencia a supuestos delitos cometidos por los opositores en el 2018.
Según expertos, el reformar el código procesal penal de Nicaragua para permitir la cadena perpetua significaría un retroceso de 46 años en materia de derechos humanos para el país. En 1974 el código procesal penal de Nicaragua fue modernizado y se erradicó la cadena perpetua y con ello el sistema penal pasó de ser punitivo a ser reformante, es decir que se considera la posibilidad de que quienes han cometido delitos puedan reintegrarse a la sociedad.
Califica violaciones como un fenómeno «histórico»
Al ser cuestionado sobre la ineficacia de las políticas gubernamentales y el incremento de las violaciones a las niñas en plena pandemia, López negó que el gobierno sea responsable y adujo que se ha hecho todo lo posible en materia de leyes desde que Ortega regresó al poder en el 2007.
“La violencia contra las mujeres, contra los niños, contra las niñas en Nicaragua es un fenómeno histórico, no es un fenómeno de reciente data, y cuando estamos hablando de un fenómeno histórico, multicausal que tiene factores culturales, que tiene factores diversos, se requiere un proceso para desaprender las culturas de violencia, un proceso para crear conciencia, un proceso para crear un sistema institucional de políticas y programas y en eso estamos, en ese proceso estamos a partir del año 2007”, justificó.
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López dijo que en 2008 se aprobó el nuevo Código Penal, donde se crearon tipos penales como la trata de personas y el turismo sexual; que en el 2012 la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, que reconoció el tipo penal de femicidio; y que en el 2014 se hizo otra reforma al Código penal y al Código Procesal Penal quitando jurados de conciencia para los delitos contra la vida, aumentándose también la sanción penal a los abusadores de menores de 14 años.
El diputado defendió también que se han creado Consejerías de las comunidades educativas y Consejerías de la familia, sin embargo, al ser cuestionado en relación a que el gobierno cerró las Comisarías de la Mujer y hasta ahora las está reabriendo, prefirió callar.
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