Daniel Ortega y Rosario Murillo incumplen con los acuerdos internacionales de luchar contra la corrupción al proteger mediante la Cancillería al ex presidente de El Salvador, Mauricio Funes, señala José Pallais, ex vicecanciller de Nicaragua y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
“No solo se protege y se le brinda impunidad de una investigación, sino que se le apoya económicamente para evadir la justicia”, dijo esta mañana Pallais, quien valora como “grave” la protección que la Cancillería de Nicaragua tiene con Mauricio Funes, acusado de corrupción.
Pallais señala que “hay una doble falla”, por parte del Gobierno de Nicaragua respecto al caso de Funes. “Están obligados a cooperar en Centroamérica con la investigación de los crímenes de corrupción y que no se coopere y además se le financie su estadía en Nicaragua, se les apoye económicamente para evadir la justicia, son medidas que evidencian que no hay voluntad de los gobierno Ortega Murillo de tener una posición de firmeza en la lucha contra la corrupción”, afirma el ex vicecanciller.
El miembro titular de la Alianza Cívica dice que este actuar de la Cancillería administrada por funcionarios de Ortega “no se corresponde con lo que debe ser una cancillería al servicio del pueblo nicaragüense”.
Pallais señala que la cancillería representa intereses nacionales y “yo soy reacio a que los intereses nacionales sean defendidos por personas extranjeras, corresponde a los nicaragüenses ejercer la representación diplomática, definir las estrategias políticas, definir cuáles son las posiciones que van a sostener en los debates internacionales. No creo yo que aporte nada una presencia de extranjero aunque haya sido presidente y el otro hijo de un expresidente”, dijo.
Mauricio Funes, expresidente de El Salvador y prófugo de la justicia de su país, recibe un salario de 90 080.46 córdobas (2,739 dólares al cambio oficial) por partede la Cancillería de Nicaragua, según reveló Confidencial este martes.
Funes junto a su familia enfrenta orden de captura internacional por estar vinculados en casos de corrupción. El ex presidente enfrenta tres procesos judiciales pendientes, según detalla Confidencial, los primeros por malversación de más de 351 millones de dólares y el pago de sobornos al exfiscal general Luis Martínez, para evitar las investigaciones.
El ex presidente salvadoreño está asilado en Nicaragua desde septiembre de 2016.
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