La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «preocupación» por Nicaragua luego que éste incumpliera con las resoluciones del 24 de junio, 9 de septiembre y 4 de noviembre de 2021, sobre medidas provisionales otorgadas a más de 20 presos políticos, incluidos aspirantes presidenciales.
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La Corte IDH emitió su decisión de «desacato» del Estado nicaragüenses a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal en las que exigió la liberación inmediata de los presos políticos, y que aún no ha sucedido, lo cual representa «un grave incumplimiento» a los fallos de esta Corte.
Por ello, en cumplimiento al artículo 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Tribunal someterá a consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el desacato de Nicaragua a sus decisiones, es decir, que «la propia Asamblea General de la OEA tendrá que intervenir y obligarlos a cumplir», según informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CIDH).
La @CorteIDH emitió decisión de DESACATO (a las medidas provisionales otorgadas a @Jschamorrog y 20 personas presas injustamente, incluyendo @chamorrocris aislada en su casa) y llamó a los Estados de la OEA cumplir con las garantías colectiva s del SIDH con esta decisión.
— Cenidh (@cenidh) November 23, 2021
De acuerdo a las medidas provisionales de junio, septiembre y noviembre de 2021, Nicaragua no ha hecho cumplir dichos fallos en favor de:
- Juan Sebastián Chamorro García – aspirante presidencial
- José Adán Aguerri Chamorro – expresidente del Cosep
- Félix Alejandro Maradiaga Blandón – aspirante presidencial
- Lesther Lenin Alemán Alfaro – líder estudiantil
- Freddy Alberto Navas López – líder campesino
- Pedro Joaquín Chamorro Barrios – fundador de CxL
- Walter Antonio Gómez Silva – extrabajador de la FVBCH
- Marcos Antonio Fletes Casco – extrabajador de la FVBCH
- Pedro Salvador Vásquez Cortedano – conductor de Violeta Chamorro
- Arturo José Cruz Sequeira – aspirante presidencial
- Luis Alberto Rivas Anduray – presidente de grupo Promérica
- Miguel de los Ángeles Mora Barberena – aspirante presidencial
- Jorge Hugo Torres Jiménez – General en retiro
- Víctor Hugo Tinoco Fonseca – exvicecanciller de Nicaragua
- José Bernard Pallais Arana – jurista nicaragüense
- Violeta Mercedes Granera Padilla – activista política
- Daisy Tamara Dávila Rivas – activista política
- Cristiana María Chamorro Barrios – aspirante presidencial
- Lourdes Arróliga – extrabajdora de la FVBCH
- Dora María Téllez Arguello – exguerrillera sandinista
- Ana Margarita Vijil Gurdián – activista política
- Suyen Barahona Cuán y sus núcleos familiares en Nicaragua.
CIDH reitera el cumplimiento de medidas provisionales
Por tal razón, la Corte IDH ha reiterado en su nueva resolución con fecha del 22 de noviembre de 2021, que el régimen de Ortega adopte de forma inmediata y efectiva todas las medidas necesarias para proteger y garantizar la vida, libertad e integridad personal de los beneficiarios de las medidas provisionales.
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Inclusive, el Tribunal ordenó al Estado nicaragüense a abstenerse de ordenar detención o cualquier otras medida restrictiva de la libertad a Lourdes Arróliga, quien es extrabajadora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
La Corte IDH hizo un llamamiento a Ortega a proceder a contactar a familiares y abogados de los presos políticos para garantizar su acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos, mientras se surten los trámites administrativos necesarios para su liberación inmediata. Además, el Estado no podrá tomar represalias contra los familiares y representantes de los beneficiados por causa de esta resolución.
Dichos planteamiento, representan para el Cenidh «el empeño de los organismos del Sistema Interamericano de protección a los DDHH de las y los nicaragüenses, víctimas del régimen Ortega Murillo».
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A partir del 22 de noviembre, los representantes de los beneficiarios y la Comisión Interamericana tendrán un plazo de una y dos semanas para presenten sus observaciones sobre el cumplimiento de las medidas provisionales.
El régimen de Ortega tendrá hasta el 29 de noviembre de 2021 para informar sobre la situación de las personas detenidas y bajo medidas cautelares, a la luz de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a esta decisión. Además, tendrá la obligación de presentar un informe periódico cada mes respecto de las medidas adoptadas de conformidad con esta decisión.
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