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Corte de Justicia renta camionetas por más de 5 millones de córdobas para sus funcionarios

La renta de los vehículos se registró 18 días antes que se ejecutaran las investigaciones en contra de Cristiana Chamorro. Desde esa fecha, el Poder Judicial actúa en este proceso que alcanzó a opositores y periodistas críticos del gobierno sandinista.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) destinó 5 millones 985 mil córdobas en la renta de 36 vehículos de diferentes modelos para funcionarios del Poder Judicial. En la solicitud aparece la firma de la magistrada sandinista Alba Luz Ramos –recientemente sancionada por la Unión Europea–, según documentos oficiales que obtuvo Nicaragua Investiga.

La primera flota fue de 11 camionetas Toyota Fortuner 4×4, con una capacidad de motor de 3000 cc (centímetros cúbicos). Estos vehículos fueron rentados por 160 días, y el costo total es exactamente de 648 mil 744 córdobas.

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La segunda flota se trata de 15 camionetas doble cabina marca Toyota Hilux o Nissan Frontier, de un motor de 2500 cc. El alquiler es por 1400 días y su costo osciló los 4 millones 717 mil 666 córdobas.

En la última solicitud se requirió 10 carros modelo Toyota Yaris o Nissa Tiida-Versa. La renta a solicitud fue de 276 días, con un costo millonario de 618 mil 709 córdobas.

Ver contrato aquí

Vehículos rentado un mes antes del arrestos a opositores

Alba Luz Ramos, magistrada y presidenta de la CSJ, fue la firmante de la licitación pública donde delegó a cinco funcionarios para que dieran seguimiento a la contratación millonaria, la cual no revela detalles sobre el uso que se dará flota vehicular arrendada en plena crisis económica que vive el país de hace tres años.

El documento resalta la fecha del 4 de mayo de este año en concepto de “servicio de renta de vehículos para funcionarios del Poder Judicial”. El ganador de este contrato millonario fue la empresa Budget Rent a Car.

Cabe señalar que la renta de estos vehículos se registró 18 días antes que se ejecutaran las investigaciones de presunto lavado de dinero y activos en contra de Cristiana Chamorro. Desde entonces, el Poder Judicial ha actuado de cerca en este proceso que alcanzó hasta a los periodistas críticos del gobierno sandinista y trata de criminalizar la profesión.

A inicios de junio, se inició la cacería contra los opositores, periodistas y precandidatos nicaragüenses que ahora enfrentan procesos judiciales a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como el nuevo Chipote.

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Sancionan por primera vez a presidenta de la CSJ

Debido a los últimos acontecimientos que ocurren en el país, la Unión Europea (UE) impuso sanciones el pasado 2 de agosto contra ocho personas allegadas al gobierno sandinista, donde figura por primera vez la magistrada Alba Luz Ramos, cuyo papel es cuestionado en los últimos tres años de crisis sociopolítica que vive Nicaragua.

La presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, durante un acto político de los sandinistas. Foto | 19 Digital

A la presidenta de la CSJ se le atribuye la dirección de audiencias secretas en donde incurren en graves violaciones a los derechos políticos y civiles de los acusados. La UE indicó que la funcionaria leal al presidente Daniel Ortega, instrumentaliza el Poder Judicial para favorecerlo y criminaliza a la oposición “perpetuando el patrón de violaciones a los derechos del debido proceso”.

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“El uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la exclusión arbitraria de los partidos de oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense”, señaló el comunicado de la UE.

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