Dentro de la larga lista de arbitrariedades que acumula el régimen de Daniel Ortega en contra de toda aquel que cuestione su administración, se suma ahora la negación a acceder a su pensión del seguro social contra algunos presos políticos.
Entre los días 21 al 23 de enero, los familiares de los presos políticos en Nicaragua pudieron ingresar a la Dirección de Auxilio Judicial para constatar el estado de sus seres queridos; quienes aseguran que a la fecha persisten las violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos.
En el caso de Víctor Hugo Tinoco, Irving Larios y Dora María Téllez, sus familiares indican que se les ha privado del derecho a su pensión del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), “con la cual se asumen los gastos familiares cotidianos”.
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“Dicha situación pone mayor peso económico en sus familias, que en algunos casos están teniendo que hacerles frente a tratamientos médicos de alto costo” detallan en un comunicado conjunto.
Persisten los alarmantes deterioros de salud
Asimismo, expresan preocupación por el deterioro físico y psicológico que continúan presentando sus familiares debido a la “la alimentación no balanceada, falta de acceso regular a luz solar y sobre todo el aislamiento e incomunicación”.
“Se siguen proporcionando medicamentos sin tener una evaluación médica especializada apropiada. En la mayoría de los casos no se ha admitido valoraciones y seguimiento médico externo o de especialistas, ni siquiera en los casos de condiciones preexistentes; ya han desarrollado otras afecciones y sus vidas están en riesgo permanente” denuncian.
Y destacan la condición de salud del abogado Roger Reyes, quien ha presentado depresión, ansiedad y pérdida de memoria. Alertan que su estado “continúa siendo grave y aún no ha recibido la atención especializada de un psiquiatra a pesar de haberlo solicitado en múltiples ocasiones y haber sido denunciado públicamente”.
Temor por la salud de opositores de la tercera edad
De igual forma, expresan preocupación por el resto de presos políticos de la tercera edad, quienes están enfrentando un deterioro crítico en su salud. En el caso del jurista José Pallais, alertan que ha perdido casi 90 libras de peso “y su estado de debilidad física le ha llevado a sufrir desmayos”.
El exembajador Mauricio Díaz, “se ha desmayado dos veces, tiene manchas en su piel y lagunas mentales”. La activista Violeta Granera “sigue perdiendo dientes, se le dificulta comer y tiene manchas rojas en la cara por falta de sol. El exembajador Edgar Parrales, quien carece de intestino grueso, “presenta mareos, tiene una hernia y ha perdido 16 libras en 63 días”. Y en el caso del gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann, “quien tiene mancha en un ojo, una inflamación en la ingle, problemas de próstata y también ha sufrido de desmayos”.
Violeta Granera en las afueras del Ministerio Público.
Violación al debido proceso
A ocho meses de sus detenciones, sus familiares denuncian que su permanencia en prisión viola el debido proceso. “No se ha respetado el debido proceso y sus tramitaciones han sido suspendidas de facto, alegando carga laboral, vacaciones o “decisiones por fuerza mayor” sin justificación. Aún no se les ha permitido reunirse con sus defensas técnicas y se continúan practicando interrogatorios en ausencia de sus abogados. Sus causas continúan sin aparecer reflejadas en el sistema del Poder Judicial con el objetivo de invisibilizarles y mantener su indefensión”.
“La Dirección de Auxilio Judicial es un espacio de detención transitoria, no es una dependencia del Sistema Penitenciario Nacional por lo tanto ésta no cumple con los requisitos para albergar a personas detenidas por largos periodos de tiempo, consideramos que lo anterior es un agravante a la falta de condiciones en las que se encuentran recluidos nuestros familiares” agregan.
En el comunicado también solicitan la suspensión del aislamiento al que están sometidas Tamara Dávila —a quién se mantiene en celda sellada y nunca han sacado al patio —, Suyen Barahona, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y Miguel Mendoza; y que cese la reclusión en celdas de castigo de Irving Larios, Miguel Mendoza, Roger Reyes y Yader Parajón.
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