El Consejo Nacional de Universidades (CNU) asegura que garantizará la continuidad educativa en las instituciones a las que la Asamblea Nacional canceló su personería jurídica la mañana de este miércoles 2 de febrero.
En su comunicado, emitido a varias horas de la decisión de la Asamblea Nacional, el CNU informó que, «debido a la situación de las siguientes instituciones: Universidad Católica del Trópico Seco (UCATSE), Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), Universidad Paulo Freire (UPF), Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC) y la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH)», a partir del mismo miércoles en que perdieron su personería jurídica, «garantizará la continuidad y responsabilidades educativas pendientes de solución» de las instituciones antes mencionadas.
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También asegura que la cancelación de sus personerías se debe al «incumplimiento a sus obligaciones y la continua transgresión a las normas legales establecidas» y que dichas cancelaciones son legales, y acordes al proceso establecido en la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua.
Miles de estudiantes se verán afectados por estas cancelaciones que además perjudican a otras organizaciones no gubernamentales, sobre todo ligadas a la Diócesis de Estelí, cuyo obispo emérito es Juan Abelardo Mata, sacerdote crítico del régimen sandinista.
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No explica cómo
Más allá del comunicado, el CNU no explica bajo qué mecanismos asegurará la continuidad cuyo inicio prometió apenas horas después de las cancelaciones de personerías jurídicas.
El régimen sostiene que estas organizaciones supuestamente «no reportaron los Estados Financieros conforme los periodos fiscales con el desglose detallado de ingresos, egresos, balanza de comprobación», entre otras responsabilidades estipuladas en la Ley.
Un profesor universitario que se desempeña tanto en universidades privadas como públicas dijo a Nicaragua Investiga bajo el anonimato que este movimiento se trata de «una justificación para calmar los nervios de la agresión que sienten los padres de familia que han invertido en sus hijos e hijas» por años en esas universidades.
Destaca que UPOLI tiene más de cinco décadas de ser una universidad reconocida y que «las otras universidades son de prestigio en sus zonas» y que de estas acciones surge «un caos en los estudiantes y también en el personal docente y administrativo de dichas universidades que se sienten intervenidas por el Estado».
«Si han podido funcionar por muchos años, ¿por qué se les está aplicando este nivel de represión, al punto de cerrarles? Sin evaluar previamente el efecto que tendrá sobre la comunidad universitaria» se pregunta.
«Lo que tenemos es una clara evidencia de un intervencionismo estatal en la autonomía universitaria, en la educación superior, en la libertad de cátedra» agrega.
Otros efectos en la educación superior
Estas acciones generan un ambiente de incertidumbre para miles de estudiantes y «crea serios problemas para las familias de manera innecesaria», señala. Esto perjudica seriamente la calidad de la educación superior, «llegando tanto a perjudicar la imagen país». Nos cuenta que teme por la Universidad Centroamericana, otra universidad gravemente afectada por las políticas represivas del gobierno de Ortega y Murillo.
«Esto es realmente una represión a toda creatividad, al emprendedurismo social y sobre todo a la formación de las futuras mujeres y hombres profesionales que van a conducir el país, a sacarlo de la pobreza y de todo aquello que sean realmente retos de competencia en habilidades técnicas y en habilidades blandas y en habilidades profesionales para enfrentar las crisis mundiales».
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