La número dos del régimen sandinista, Rosario Murillo, aseguró que la mortalidad materna ha disminuido en Nicaragua. Este miércoles en su comparecencia en los medios oficialistas, dijo que bajo su supuesto «modelo cristiano, solidario y fraternal», del 2006 al 2021 las muertes maternas se redujeron en un 68%.
Se ha pasado «de 115 madres que habían estado siendo parte de los registros de la oscura neoliberal a 37», aseguró Murillo.
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La vocera del oficialismo aseguró que «todos los municipios del país cuentan con ultrasonidos y equipos para el diagnostico y seguimiento del embarazo, de manera oportuno».
En su arremetida contra los liberales que dejaron de gobernar hace más de 15 años en Nicaragua, Murillo dijo que las mujeres andaban «pidiendo para un ultrasonido porque todo era cobrado».
Igualmente exaltó el programa de Casas Maternas, que según ella, en sus 181 instalaciones en el 2021 albergaron a 67 mil 424 mujeres embarazadas.
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Murillo no dio mayores detalles de en qué sectores poblacionales, regiones del país, o segmento de edades se registran más muertes maternas.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado Nicaragua se encuentra entre los países con «más altas de fecundidad en adolescentes» y en el caso de Centroamérica y el Caribe estos países ocupan el segundo lugar, «después de África, con una tasa cercana a 100 embarazos por cada 1.000 adolescentes”.
En Nicaragua está penalizado también el aborto terapéutico y en el 2017 la organización Human Rights Watch alertaba que ello ponía «en riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas».
«Las mujeres y niñas con embarazos en situación de crisis llevan a cabo abortos clandestinos inseguros. A menudo, están demasiado atemorizadas para pedir asistencia médica cuando sufren complicaciones a causa de esos abortos, y algunas mujeres y niñas postergan la decisión de pedir asistencia y no revelan a los médicos la causa de las complicaciones».
«Algunos proveedores médicos, presionados por el conflicto entre la ley y la ética médica, han denunciado a mujeres y niñas a la policía por presuntos abortos. Conforme al código penal de Nicaragua, las mujeres y niñas que interrumpen embarazos se exponen ser penadas con hasta dos años de prisión, y los profesionales médicos que los practican pueden recibir penas de hasta seis años», explicaba la organización.
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