Diputado Carlos Emilio López miente sobre cancelación de personerías

La cancelación de 25 organizaciones no gubernamentales el día jueves dejará un enorme vacío en Nicaragua, en cuanto al fortalecimiento de la institucionalidad y la atención a niños con malformaciones congénitas, comunidades indígenas, ancianos, mujeres y estudiantes pobres con excelencia académica, principalmente.

Sin embargo, el oficialismo defiende la medida y para ello presenta argumentos que abiertamente contrastan con las declaraciones de las organizaciones afectadas.

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Uno de los funcionarios más críticos contra el trabajo de las organizaciones civiles es el diputado sandinista, Carlos Emilio López, de la Comisión de Reconciliación, Justicia y Paz de la Asamblea Nacional. Según este, las asociaciones “han infringido leyes específicas de forma recurrente y sistemática” como la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

“De acuerdo al MIGOB (Ministerio de Gobernación) estas asociaciones no han actuado de conformidad con la ley. No han actuado de forma transparente porque no informan sobre sus fondos, sus estados financieros, sus balanzas contables, sus ingresos y egresos. No informan en donde, y quienes son los destinatarios finales de sus fondos, tampoco dan a conocer quiénes son sus financiadores”, aseguró en una publicación en su cuenta de Facebook.

“No actúan de forma democrática. No cumplen con sus estatutos internos, no hacen elecciones democráticas de sus autoridades, no informan sobre quienes son sus directivos o representantes”, agregó López.

Centro Humboldt desmiente

Contrario a las acusaciones del diputado sandinista, las anomalías en el proceso de cancelación y los argumentos usados son desmentidos por las organizaciones afectadas. El Ministerio de Gobernación “en reiteradas ocasiones se negó a aceptar nuestra documentación legal y financiera, bajo distintos argumentos no apegados a los establecidos al marco regulatorio de asociaciones sin fines de lucro”, cuestionó el Centro Humboldt, una organización con 32 años operando en el país y que se dedicaba a hacer estudios científicos, así como a la protección y conservación de los recursos naturales.

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Persecución política

También, se ha denunciado la persecución política como el motivo por el que estas ONG están siendo despojadas de sus personerías jurídicas. Los casos más evidentes son la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Esta organización fue un pilar fundamental para el fortalecimiento del periodismo nicaragüense y la promoción de temas sobre democracia. Hoy su presidenta, Cristiana Chamorro, su hermano Pedro Joaquín Chamorro y tres personas más excolaboradoras de esa entidad se encuentran presas y han sido declaradas culpables de varios delitos, entre los cuales está el delito de lavado de dinero. Los abogados defensores señalan que durante el juicio no se pudo probar ningún ilícitio. Hasta antes de su arresto a mediados del 2021 Cristiana Chamorro se aprestaba a disputarle la presidencia de Nicaragua a Daniel Ortega.

La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Grupo Cívico Ética y Transparencia, y Fundación para la Libertad son otro ejemplo de organizaciones canceladas. Estas trabajaban el tema de institucionalidad y los análisis de la pobreza. La Fundación para la Libertad había sido fundada por Félix Maradiaga, actualmente preso político que también quería participar como candidato presidencial en las votaciones del año pasado. En el caso de Funides sobre algunos exdirectivos hay orden de arresto.