La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó 90 días a dos trabajadores del Diario La Prensa, que fueron secuestrados el pasado miércoles 06 de julio.
El viernes 8 de julio el Ministerio Público, mediante el Juez Séptimo Penal de Audiencias de Managua, Abelardo Alvir Ramos, dictó prisión mientras la Fiscalía «investiga» a los colaboradores de LP. El Fiscal a cargo del caso es Manuel Rugama, quien también estuvo a cargo del proceso fiscal contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBC).
Según La Prensa, sus colaboradores, cuyos nombres permanecen en el anonimato a petición de las familias, se encuentran secuestrados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial o «El Nuevo Chipote», y aún no se sabe de qué son acusados.
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Tras la ausencia de pruebas para que la Fiscalía realice una acusación formal en contra de los conductores de LP, los abogados defensores consideran que el Ministerio Público amplió el plazo de investigación para formular un caso.
El Gobierno de Ortega no permitió la presencia de los abogados defensores de los detenidos, por lo que se presume que están siendo defendidos y representados por abogados de oficio por parte de la Fiscalía.
Luego de la cobertura de la expulsión de la organización Misioneras de la Caridad de Nicaragua el pasado 06 de julio por parte del Diario La Prensa, dos de sus conductores -quienes son los privados de libertad en estos momentos- fueron secuestrados. Además del asedio a la reportera que cubría el destierro de la oenegé fundada por Madre Teresa de Calcuta, quien denunció que fue «visitada» por miembros de la Policía Nacional.
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