El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua APEN, Guillermo Jacoby señala que entre los empresarios del sector privado, la opinión sobre las reformas tributarias y la eliminación de exenciones y exoneraciones es que se trata de una «represalia política» por no estar de acuerdo con la represión estatal del gobierno de Daniel Ortega a sus opositores, la cual ha dejado más de 300 fallecidos desde abril del 2018, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El pasado 9 de enero durante la Sesión Solemne de la Asamblea Nacional, el presidente del parlamento y sancionado por los Estados Unidos, Gustavo Porras, dijo que como parte del trabajo de este año desde este Poder del Estado, se contempla realizar una revisión a la Ley de Concertación Tributaria, la que estaría enfocada particularmente en el racionamiento o revisión de algunas exenciones y exoneraciones, medida que afecta principalmente a las empresas del sector privado.
Porras dijo que «hay que revisar, racionalizar las exenciones y de las exoneraciones, tenemos que revisar. Hay que revisar y lo estamos planteando claramente, tiene que haber racionalidad en las exenciones y exoneraciones, porque nuestro pueblo paga sus impuestos donde quiera que va, aunque dedique su energía, esfuerzo para sembrar, producir y trabajar en producto de exportación a él le clavan el impuesto».
De igual forma el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta mencionó que estaba pendiente una revisión a la Ley de Concertación Tributaria, pero no dio más detalles.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional y sancionado por Estados Unidos – Foto: Nicaragua Investiga
Esta medida se estaría sumando a la reforma tributaría del año pasado que impulsó el gobierno de Ortega y que encareció los productos de la canasta básica y restó exoneraciones a maquinarias e insumos agropecuarios.
Jacoby explica que las exoneraciones fomentan el desarrollo económico del país y que está mal que el gobierno vea como «algo malo que haya algunos subsidios o algunas exenciones de impuestos, que son las que han anunciado que van a reformar, cuando en realidad esos con mecanismos que usan los gobiernos para fomentar» algunos sectores de la economía y que a largo plazo garantizarían el bienestar de la población.
El empresario menciona que el gobierno de Ortega estaría eliminando las exenciones de impuestos «como mecanismo para castigar a los empresarios que no están de acuerdo con las acciones que hace el gobierno» y por tanto «es una represalia política».
Por su parte, el empresario y miembro de la Alianza Cívica Juan Sebastián Chamorro dice que esta medida «yo la tomo como un acto desesperado de buscar reales» por parte del gobierno de Ortega y agrega que «esa desesperación por buscar reales va a traer más desempleo, más miseria, más pobreza y más exilio«, por la falta de oportunidades para los nicaragüenses.
Chamorro señala que en medio de la inestabilidad económica y política en la que vive actualmente el país, «levantar más impuestos, solamente va a significar cerrar empresas».
Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica – Foto: Nicaragua Investiga
Consecuencias de reformas tributarias pasadas
Jacoby señala que las reformas tributarias que se realizaron el año pasado lograron su objetivo de recaudar más fondos para el Estado, sin embargo, el costo ha sido muy grande.
Dichas reformas fueron «básicamente confiscatorias» y representaron un duro golpe para las empresas del sector privado, lo cual tuvo como consecuencia que «los productos básicos aumentaron de precio, se incrementó los costos de producción en las empresas de un 20 a un 30%», así como el contrabando y los costos de los agroquímicos también subieron de precio.
Según un estudio de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES, la reforma tributaria de 2019 cumplió su objetivo de aumentar la recaudación de impuestos respecto a lo que habría captado si no se hubiese hecho la reforma.
FUNIDES detalla que la principal fuente del aumento de la recaudación han sido los impuestos que pagan las empresas, la eliminación de exenciones, aumento en la base sobre la que se calculan impuestos a importaciones, el aumento de impuestos a productos como bebidas alcohólicas, gaseosas, cigarrillos, entre otros productos que han variado de precio.
Datos oficiales reflejan que la reforma del año pasado recaudó 7,855.4 millones de córdobas, los cuales fueron incorporados al Presupuesto Genera de la República del año 2019. Sobre esta recaudación, el estudio de FUNIDES resalta que la reforma obtuvo mayor porcentaje de dinero entre los meses de abril y junio de 2019 con un 33.9%, sin embargo, ha venido cayendo gradualmente el nivel de recaudación en los siguientes trimestres.
De julio a septiembre se recaudó un 24.4%, y de octubre a diciembre un 14.0%. La tendencia parece ser que el porcentaje de recaudación continuará disminuyendo en el primer trimestre de 2020 mientras no se realice una nueva reforma tributaria.
Para el economista Luis Murillo, el hecho de que el gobierno de Ortega pretenda realizar una nueva reforma, «es un indicativo de que la primera reforma fue solamente un parche para tapar un agujero porque no resolvió los problemas estructurales que tiene el país».
Luis Murillo, economista – Foto: Nicaragua Investiga
De igual manera, el experto señala que «las afectaciones de una segunda reforma tributaria van a ser devastadoras» porque se sumaría al cierre de empresas, al alto nivel de desempleo «que ya superó los más de 185 mil personas, el poder adquisitivo se ha deteriorado, no hay aumento salarial, es decir esto es un indicativo de que esta reforma tributaria estaría agudizando más la crisis económica»
Además, Murillo advierte que con esta medida, la economía nacional podría pasar «de una recesión a una depresión económica» y asegura que se debe resolver el problema político para resolver la crisis económica y recobrar la confianza de los inversionistas en el país.
Por su parte, Jacoby menciona que «cuando hay una recesión económica, el gobierno debe buscar los mecanismo para garantizar que haya más inversión», lo cual la administración de Ortega no está haciendo, si no que estaría ahuyentando la inversión extranjera con este tipo de medidas
Desempleados del sector privado financian a trabajadores públicos
Adicionalmente, Jacoby indica que algunas empresas se han descapitalizado y que muchas han cerrado sucursales y despedido a sus trabajadores, lo cual hace que aumente el nivel de desempleo en el país.
Jacoby también destaca que con las reformas tributarias que ya han sido hechas, el gobierno pudo mantener su gasto corriente y por eso no ha habido despidos masivos en las instituciones estatales, solamente despidos a personas que no simpatizan con el gobierno de Ortega.
Guillermo Jacoby, presidente de APEN
«El gobierno no despide empleados pero entonces le cobran más a las empresas y las empresas sí tiene que despedir empleados porque tienen que bajar sus gastos pero el gobierno no», explica el empresario.
Según Jacoby, el sector privado es el que estaría ayudando a que el gobierno no despida a sus empleados a costa de los despidos en distintas empresas. «¿Quiénes son los que están financiando los empleados del gobierno? Los desempleados del sector privado» asegura Jacoby.
El presidente de APEN señala que cuando las empresas deben reducir sus gastos, uno de los rubros afectados es la mano de obra de esas empresas, por lo cual los trabajadores se ven afectados, e incluso son despedidos los empleados «de alto nivel».
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