En Nicaragua es “extremadamente inseguro” tener propiedades, advierten analistas. Esa inseguridad se desprende de las confiscaciones de propiedades a empresarios, universidades, organizaciones no gubernamentales y personas particulares que decidieron oponerse al régimen de Daniel Ortega.
Son propiedades valiosísimas. Por ejemplo, el compus del recién confiscado Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), vale no menos de 20 millones de dólares. Pero lo cierto es que en un futuro sus verdaderos dueños volverán a reclamarlas y habrá que pagar.
Efectivamente el peso de las confiscaciones de ahora tendrán un fuerte impacto en Nicaragua una vez que regrese la democracia, tal como ya ocurrió con la gigantesca deuda heredada de la primera dictadura sandinista de los años ochenta, que incluso hasta este 2023 los nicaragüenses siguieron pagando. Es decir, durante más 30 años se sangró al Presupuesto General de la República para pagar lo robado por los sandinistas, en detrimento de las inversiones públicas en educación, salud y desarrollo social y económico.
Confiscaciones comprometen el desarrollo del país
Para el economista Juan Sebastián Chamorro el problema de la propiedad viene desde los años ochenta y “ha generado un problema serio”, debido a que ha comprometido el desarrollo económico del país de diversas maneras.
“Cuando los derechos de propiedad no están bien definidos la inversión no se da, hay un poco interés de invertir por la inseguridad jurídica y eso genera que una gran cantidad de activos no sean productivos”, explica el economista.
Para poner en perspectiva, las confiscaciones de los años ochenta, generaron una deuda que se estimó en unos 2,200 millones de dólares. Saldarla ha significando unos 75 millones de dólares anuales del Presupuesto General de la República.
Para cumplir con esos montos anuales, el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), en medio de fuertes presiones, creó los llamados Bonos de la República de Nicaragua (BRN) y los Bonos y Certificados de Pagos de Indemnización (BPI y CBPI).
De acuerdo al Informe de Deuda Pública del Primer Trimestre de 2023, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), más de 30 años después ya se terminó de pagar esa millonaria deuda pública interna generada por las confiscaciones en el primer régimen sandinista. “El Gobierno honró deuda por 35.2 millones de dólares, destinando 19.5 millones de dólares al pago de BPI y CBPI y 15.7 millones de dólares a pagos de BRN y otras obligaciones”, se lee en el informe del MHCP.
Los beneficiados con las confiscaciones
El régimen sandinista de los ochenta no sólo se benefició de las propiedades confiscadas, también lo hicieron con el dinero que se pagó en concepto de indemnizaciones. De acuerdo con un artículo de la revista Magazine, los mayores beneficiados de la llamada Piñata al final del primer régimen, fueron «los comandantes Daniel Ortega, Humberto Ortega, Tomás Borge -ya fallecido-, Bayardo Arce y Jaime Wheelock”.
Agrega que además de estos se vieron beneficiados un grupo de grandes exfuncionarios de la Revolución Sandinista y altos exjefes del ejército sandinista.
Por encima de la Constitución
En este nueva etapa de confiscaciones, Daniel Ortega está pasando por encima de la Constitución Política de la República que en su artículo 44 “prohíbe la confiscación de bienes”.
“Hay que hacer una política en un futuro donde los dueños reciban de vuelta sus propiedades, esto va a implicar desalojar a los usurpadores que estén tomando estas propiedades y llevar a la justicia a los perpetradores de este robo ilegal que incluye obviamente a las órdenes superiores de Ortega y Murillo, pero también a los coautores, cómplices, encubridores y colaboradores de estos robos de propiedades”, manifiesta Juan Sebastián Chamorro.
Funcionarios sandinistas perderían sus propiedades
Según el mismo artículo 44 de la Constitución Política de la República, los responsables de pagar los bienes y propiedades confiscadas serán aquellos funcionarios “que infrinjan esta disposición», ya que «responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos«.
Si bien la Constitución Política es clara en definir que los responsables pagarán lo confiscado, para el economista Marco Aurelio Peña eso va a ser un proceso muy difícil, pues requiere “un análisis bastante minucioso” en cuanto a la determinación de la responsabilidad jurídica, administrativa, civil y penal.
“La familia gobernante está apostando de que va a ser el Estado futuro a través del presupuesto nacional que se va a resarcir o indemnizar a las víctimas de sus mecanismos de represión, en este caso a la ola de confiscaciones”, señala Peña.
Precisamente, a diferencia de las confiscaciones de los años ochenta, las propiedades de ahora no están siendo distribuidas entre particulares o políticos afines al poder, en esta ocasión pasan a ser propiedad y responsabilidad del Estado, tal como lo mencionan las diferentes resoluciones del Ministerio de Gobernación.
Rector del INCAE afirma que buscan “medidas” para resolver su situación
¿Qué tan seguro es tener una propiedad en Nicaragua?
Por el momento, lo que está claro es que seguridad jurídica no existe en Nicaragua y que el daño causado será muy costoso resarcirlo en un futuro.
Los economistas coinciden en que no hay garantías bajo un régimen que no respeta lo privado.
“Es bien inseguro tener propiedades en Nicaragua, es extremadamente inseguro, lo ha sido desde los ochenta. Lamentablemente el tema de la confiscación se ha vuelto un concepto demasiado familiar para Nicaragua y eso es malo”, sostiene Juan Sebastián Chamorro.
Por su parte, Marco Aurelio Peña resalta que el régimen ha secuestrado toda propiedad como si fueran suyas.
«El sandinismo siempre que ha estado en el poder ha hecho mucho más daño que bien», afirma, y destaca el daño a las propiedades en sus distintas modalidades, como la privada y la asociativa, en el caso de las oenegés y de las universidades. En relación a la propiedad pública, señala que el sandinismo la «secuestra como si fuera privada, de la familia gobernante».
Recientemente el abogado Danny Ramírez-Ayerdiz, explicó que en Nicaragua existe un Estado-partido que «es la ley», un régimen que «atropella abruptamente los instrumentos jurídicos» y que ha creado un espectro en el que la seguridad «es nula», usando como figura legal la expropiación.
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