Los guatemaltecos elegirán en un mes un nuevo presidente, en unas elecciones tensionadas por denuncias de fraude tras la exclusión de varios aspirantes por parte de un oficialismo acusado de querer consolidar un sistema autoritario.
El empresario Carlos Pineda fue quien recibió el golpe más reciente, al ser suspendido por la justicia tras aceptar una impugnación de un partido rival por supuestas irregularidades en su candidatura, decisión que no tardó en acatar el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Pineda se catapultó al primer lugar de las encuestas al popularizarse en las redes sociales, en especial en TikTok. Ahora su única esperanza es que la Corte Constitucional resuelva una apelación a su favor.
En total son 23 aspirantes a la presidencia, algo común en Guatemala. Una encuesta del diario Prensa Libre a inicios de mayo colocó a Pineda en la cima de intención de voto con un 23,1%, seguido de la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres con el 19,5%.
Le siguen con 10,1% el exfuncionario de la ONU Edmond Mulet (centro) y con 9,2% la conservadora Zury Ríos, hija del fallecido exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983).
En los comicios, previstos para el 25 de junio, 9,3 millones de guatemaltecos están llamados a elegir al sustituto del presidente derechista Alejandro Giammattei, reprobado por el 75% de la población, según otra encuesta del periódico.
Si un candidato no alcanza el 50% más uno de los sufragios, los dos punteros irán a un balotaje el 20 de agosto. La reelección presidencial está prohibida.
«Fraude»
«Los poderes ocultos que han estado alrededor del gobierno (…) están confabulando para poder sacarme a mí de la contienda electoral», denunció Pineda.
Antes de su exclusión, la campaña ya generaba críticas porque el TSE había dejado fuera a la dirigente indígena Thelma Cabrera (izquierda) y a Roberto Arzú (derecha), hijo del expresidente Álvaro Arzú (1996-2000), dos fuertes aspirantes a la presidencia.
Analistas y políticos vetados consideran que el «fraude» no se basa en manipular los resultados, sino en imponer candidatos para mantener cooptado el Estado.
Con la expulsión de candidatos por la justicia lo que se pone en «peligro» es «el Estado de derecho, la democracia y las garantías y libertadas para toda la población», dijo a la AFP el director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, Edie Cux.
«Hay un diseño preconfigurado de quiénes son los candidatos, sacar a los que resulten incómodos y dejar a quienes resultan favorables para el mismo sistema», lamentó.
El vetado candidato a vicepresidente de Cabrera y exómbudsman, Jordán Rodas, afirmó que en el país se está cometiendo una nueva modalidad de «fraude electoral» por el involucramiento del «Estado por medio de la estructura orgánica judicial» para excluirlos.
Rodas no fue inscrito al ser denunciado por un supuesto acto de corrupción, y al defenderse, sus apelaciones fueron rechazadas por la justicia.
La ONG Oficina en Washington para América Latina (WOLA), considera al sistema judicial guatemalteco como el «brazo represivo que busca asfixiar y estrangular» a opositores.
Corrupción y «dictadura»
Para algunos analistas, desde 2019 esta nación vive un retroceso democrático por el fin anticipado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ordenado por el expresidente Jimmy Morales (2016-2020).
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Como un ente de la ONU, la CICIG destapó emblemáticos casos de corrupción y provocó la renuncia en 2015 del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), sentenciado por fraude aduanero.
Bajo el mandato de Giammattei, empezaron a ser capturados varios exfiscales que trabajaron con la CICIG, la mayoría acusados de supuesto abuso de autoridad.
Los procesos penales, considerados como una «venganza», fueron abiertos a pedido de la fiscal general Consuelo Porras, cercana a Giammattei e incluida por Washington en 2021 en una lista de actores «corruptos», por lo que fue sancionada tras despedir a un fiscal que intentó investigar al mandatario.
En Guatemala hay «una dictadura corporativa con intereses económicos, de corrupción e incluso del crimen organizado», declaró el exrelator de libertad de expresión de la ONU, Frank La Rue, quien comparó la situación con una obra de teatro.
«Se ve al director que es el presidente y como mueve sus piezas, pero lo que no se ve es quién escribe el guion y quién financia la obra. Estamos yendo hacia un modelo mucho más autoritario con consecuencias muy severas», alertó.
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El país también enfrenta denuncias de ataques a la libertad de expresión por el arresto de José Rubén Zamora, dueño del diario elPeriódico, quien enfrenta un polémico juicio por lavado de dinero.
En los comicios, además, se elegirán a 160 diputados al Congreso, 340 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
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