La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), por medio de un comunicado oficial publicado en su sitio web rechazan las leyes que quiere imponer el gobierno de Nicaragua en contra de personas naturales, medios de comunicación, ONG y agrupaciones opositoras.
“Preocupación por la escalada represiva en Nicaragua marcada por el envío a la Asamblea Nacional de dos proyectos de ley que amenazan seriamente el ejercicio de la libertad de expresión, la imposición de sanciones fiscales contra medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra periodistas”, indica el comunicado.
Según la CIDH el grupo de trabajo que sigue el caso de Nicaragua constató que en las últimas semanas diputadas y diputados del partido de gobierno han presentado a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley.
Ellos consideran que las mismas “establecen figuras penales y un sistema de registro y control a organizaciones y otros actores de la sociedad civil contra el ejercicio de la protesta social, particularmente contra la libertad de expresión, el derecho a participar de los asuntos públicos y el derecho de asociación”.
el 28 de septiembre se introdujo el proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos que establece penas de cárcel y multas para varias conductas relacionadas con el uso de medios digitales.
“Diversas organizaciones sociales y medios de comunicación independientes en Nicaragua reciben fondos de la cooperación internacional, en el contexto de crisis de derechos humanos y la exclusión de estos medios del acceso a publicidad oficial o las restricciones impuestas por el Estado”, detallan.
Detener campaña contra periodistas
También la CIDH en la nota de prensa publicada este 8 de octubre que existe un incremento de causas penales en contra de periodistas.
“Uno de los casos más recientes es el de la periodista de radio La Costeñísima Kalúa Salazar, que fue condenada por calumnias luego de denunciar hechos de corrupción en la Alcaldía de El Rama. Según la información disponible, el periodista y director de la plataforma digital Boletín Ecológico David Quintana y el periodista William Aragón también habrían sido denunciados por el mismo delito#, subrayan
Por tal razón citan el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos donde se detalla que los discursos sobre asuntos de interés público tienen una protección reforzada, e insiste en la necesidad de no utilizar figuras penales en blanco, vagas o ambiguas para criminalizar al periodismo.
“El uso del derecho penal como mecanismo para perseguir a quienes expresan opiniones, información o críticas a autoridades o políticas del gobierno, así como sobre temas de interés público, genera un efecto de amedrentamiento que limita la libertad de expresión”, dictan.
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