Este jueves la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un nuevo informe sobre la situación de Nicaragua tras casi tres años de crisis sociopolítica. Este analiza los acontecimientos que han continuado presentándose en el país desde agosto de 2019 hasta el cierre del año 2020, con el cual concluyen que el gobierno continúa desconociendo la responsabilidad estatal por las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas en abril de 2018.
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La Oficina de la Alta Comisionada (Oacnudh) destaca que desde el 12 de junio del año pasado el gobierno de Nicaragua ha dejado de responder a sus comunicaciones, y en cada ocasión que han solicitado acceder al país para prestar asistencia técnica, no han recibido respuesta.
De igual forma, señalan la impunidad, las restricciones a los derechos de libertad de expresión y la persistencia de las prohibiciones a las manifestaciones públicas. Durante el periodo de estudio, documentaron 83 casos de persecusión, acoso y amenazas contra actores de la sociedad civil, incluyendo a 4 mujeres y 3 hombres que fueron objeto de represalias por su cooperación con las Naciones Unidas (ONU).
La Alta Comisionada llamó al gobierno de Nicaragua a adoptar un plan de acción con plazos concretos que incluya la liberación inmediata de las personas que permanecen detenidas en el contexto de la crisis, la protección de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, y la plena vigencia de los derechos a interponer recursos y obtener reparación para todas las víctimas.
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De igual forma, Bachelet exhortó al gobierno a modificar la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y en consulta con diferentes sectores de la sociedad civil y con expertos.
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La Alta Comisionada invitó al gobierno de Nicaragua y a la oposición a entablar «un diálogo fructífero» fundado en las normas y estándares internacionales de derechos humanos, para abordar la crisis «multidimensional» que afecta al país. Asimismo, a adoptar urgentemente reformas electorales «efectivas» que garanticen elecciones libres, justas y transparentes.
En cuánto a la comunidad internacional, la Oacnudh solicitó apoyar a Nicaragua «para que encuentre rápidamente, antes del proceso electoral, una solución a la crisis que ha estado enfrentando», y extendieron su disposición de reanudar una comunicación constructiva para que la Oficina acceda al país.
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