La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) se pronunció en rechazo a las medidas adoptadas por las autoridades migratorias de Nicaragua luego que la Dirección de Migración y Extranjería impidiera la salida de Marcos Carmona, secretario ejecutivo del organismo, quien pretendía viajar a Estados Unidos por «razones personales».
Carmona denunció que lo ocurrido es una violación a sus derechos y garantías constitucionales luego que hayan sido «usurpados sus documentos personales» por autoridades, que a su criterio, «pasan por encima de la Constitución Política».
«El día de hoy se cometió una arbitrariedad más contra la Comisión Permanente de Derechos Humanos ya que las autoridades de migración impidieron la salida de nuestro secretario ejecutivo Marcos Carmona. Sin ningún tipo de argumentos legal no solamente le impidió su salida sino que le retiró su pasaporte de viaje» dijo Denis arce, secretario adjunto de la CPDH.
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Según el relato de Carmona, mientras esperaba su momento de viaje en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua, oficiales de migración se acercaron a pedirle su pasaporte, el cual entregó creyendo sería un «chequeo rutinario». Posteriormente un funcionario de migración le dijo que «no iba a salir del país porque tenía retención migratoria» pese a que no existe una orden judicial en su contra.
«Pregunté por mi pasaporte y dijeron que no, que el pasaporte quedaba retenido dado que era decisión de las autoridades superiores. Yo voy a seguir insistiendo para recuperar mi pasaporte porque no me han dado ninguna razón lógica ni jurídica del porqué me retuvieron el pasaporte y no me lo entregaron» aseguró el secretario ejecutivo.
Ortega contra organismos de derechos humanos
Desde que los organismo de derechos humanos nicaragüenses han respaldado las denuncias de víctimas de la represión gubernamental perpetrada por la administración sandinista durante las manifestaciones de 2018, Ortega ha iniciado una campaña de odio y persecución contra abogados de derechos humanos, cancelaciones de personería jurídicas y arrestos arbitrarios.
En diciembre de 2018, las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) fueron allanadas por la policía tras la cancelación de su personería jurídica por la aplanadora de diputados sandinistas, por lo que la mayoría de sus promotores tuvieron que salir del país para preservar sus vidas dada la persecución selectiva que emprendió el gobierno.
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El pasado mes de julio 2021, la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de 24 organizaciones de la sociedad civil con el voto favorable de 72 diputados oficialistas y sus aliados.
Asimismo, Ortega ha emprendido cacería contra defensores abogados, como ha sido el caso de Yonarqui Martínez, abogada de presos políticos, quien en 2019 fue víctima de disparos en las paredes de su casa por civiles armados a quienes identificó como “paramilitares”.
Asimismo, la abogada María Oviedo, miembro de la CPDH, fue detenida por agentes policiales sin orden judicial la noche del 29 de julio en la casa de habitación de su mamá en León.
Anteriormente, en septiembre de 2019 la Corte Suprema de Justicia le suspendió la licencia de abogada por seis meses luego de una denuncia que presentó el teniente Oscar López, jefe de la Dirección de Armas y Explosivos de la Policía en Masaya, tras un incidente en el que Oviedo dio una bofetada al uniformado por haberla tocado y posteriormente, ella fue capturada de forma violenta y agredida por dos oficiales de la misma institución, hecho que quedó registrado en un video.
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