Condenan a 30 años de cárcel a red de explotadores sexuales en Managua

Según la acusación, los nicaragüenses se dedicaban a tomar fotografías "a menores de edad", para venderlas a personas identificadas como estadounidenses.

María José Olivares García, Nelson Prado Hernández y Katherine Valeska Mayorga, fueron condenados a 30 años de cárcel este jueves por pertenecer a una supuesta red de explotadores sexuales que operaba en Managua.

Según la acusación, los tres nicaragüenses se dedicaban a tomar fotografías «con contenido sexual a menores de edad», las cuales eran distribuidas y vendidas a personas identificadas como estadounidenses. Información oficial reveló que Nelson Prado se lucró con aproximadamente 301 mil córdobas y 77 mil dólares.

La Juez Segundo Especializado en Violencia de Managua, Aleyda Irías, acusó a los detenidos por el delito de trata de personas y lavado de dinero a través de esta red que operaba desde 2017 en distintos barrios de la capital.

Por tal razón, la Juez impuso una multa de siete millones de córdobas, y señaló que debido al delito de trata de personas que se les acusa, los detenidos no cuentan con ningún beneficio como libertad condicional.

Medios oficialistas indicaron que Anayancy Manzanares Urbina supuestamente decidió cooperar con la justicia y revelar toda la información sobre el modus operandi de esta organización, por lo cual su condena se redujo de 30 a 8 años de prisión.

Nicaragua en nivel 3 por el delito de trata de persona

En julio del año pasado, la Oficina de Vigilancia y Lucha contra la Trata de Personas de Estados Unidos emitió su informe anual 2020 en el que mantienen a Nicaragua en el nivel 3, que indica que el país se encuentra bajo vigilancia en este tema.

«El Gobierno de Nicaragua no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo», señaló el comunicado oficial.

En 2020 Nicaragua identificó solo un caso de trata de persona, y ocho en 2019.

Según Estados Unidos, «la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata» se perciben a través de la poca acción policial durante el año para castigar este tipo de delitos.

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