Este martes durante la aprobación del Presupuesto General de la República 2023, el diputado sandinista Walmaro Gutiérrez celebró que este ya no se discute en la Asamblea Nacional con los reclamos que eran comunes en los gobiernos anteriores.
“Gracias a Dios quedaron atrás aquellos días en los que cada vez que se venía a discutir el Presupuesto General de República, estaba el pueblo nicaragüense en la calle demandando la restitución de sus derechos”, manifestó Gutiérrez.
El diputado declaró que el presupuesto, desde años atrás, no se desarrolla junto a empresarios ni economistas, sino, supuestamente, de abajo hacia arriba, con las bases de la economía.
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“Todos los sectores organizados a través de sus líneas de acción demandan al gobierno central que los programas y proyectos más importantes y más necesarios en sus territorios tengan una expresión real en el Presupuesto General de la República”, declaró.
Fin del modelo de diálogo y consenso
Lo que no mencionó Gutiérrez es que durante 11 años el gran capital y la administración Ortega mantuvieron una especie de idilio conocido como «modelo de diálogo y consenso», el cual llegó a su fin en el 2018 a raíz de la brutal represión a las protestas antigubernamentales de ese año.
Actualmente varios empresarios y representantes del gran capital se encuentran en la lista de presos políticos, entre estos el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy; y el expresidente de esa organización, José Adán Aguerri, quien durante más de una década favoreció los acuerdos entre el gran capital y la administración sandinista, a costa de la democracia, según muchos analistas.
Presupuesto del 2023 saldrá de los impuestos de los nicaragüenses
Los diputados sandinistas celebraron este martes que el Presupuesto 2023 será financiado íntegramente por los ingresos fiscales.
José Figueroa, vicepresidente de la Comisión Económica, resaltó que el presupuesto aumentó un 20 por ciento en comparación al del 2022.
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“Los ingresos tributarios se proyecta la suma de 101 mil 839 millones lo que indica un crecimiento nominal del 19.9%, el impuesto sobre la renta se estima de 46 mil 954 millones con un aumento del 23 por ciento, el Impuesto de Valor Agregado será de 10 mil 131 millones con un crecimiento del 4 por ciento”, expuso Figueroa.
El presupuesto tiene un gasto social de un 21.7 por ciento para educación, un 21 por ciento para salud, vivienda y servicios comunitarios un 9 por ciento, protección social 3.5 por ciento, defensa 3.3 por ciento, transporte y comunicación 11.1 por ciento, orden público y seguridad 9.8 por ciento, servicios públicos generales un 13.1 por ciento y resto de gastos un 6.4 por ciento.
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