Daniel Ortega acorrala a precandidatos presidenciales

Policía, Ministerio de Gobernación y Fiscalía son usados en una embestida del gobierno para sacar de la competencia electoral a los precandidatos con mayor índice de popularidad en las encuestas.

A seis meses de las elecciones nacionales, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, enfila a las instituciones del Estado para acorralar a sus más visibles adversarios políticos; los precandidatos presidenciales que pretenden ganarle la batalla electoral.

Juan Sebastián Chamorro denunció este viernes en sus redes sociales que no le permiten salir de su vivienda y que le han impuesto de facto “casa por cárcel”.

Chamorro acompañó su denuncia de un video en el que se muestra a un oficial de policía impidiéndole dejar su residencia. “Nicaragua quiere paz hermano, no hay salida”, le dijo el agente al precandidato presidencial de Alianza Ciudadanos por la Libertad y luego le acusó de ser “promotor de la violencia”.

La mañana del 20 de mayo, a pocos minutos de conocer que el Ministerio de Gobernación había citado a su prima, Cristiana Chamorro, también aspirante presidencial, ofreció una conferencia de prensa acompañado de otros precandidatos de Alianza Ciudadanos por la Libertad para defender a su familia de las imputaciones por delitos graves que le han hecho, y que alcanzó también a Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial que por segunda vez fue embestido por la policía con un allanamiento ilegal y confiscación de equipos televisivos.

Citatoria de Cristiana Chamorro ¿podría inhibir su candidatura?

“En esa familia, que es mi familia también no hay lavadores de dinero, no hay asesinos, no ha habido dictadores, no ha habido asesinos de niños, es en otras familias que ha habido ese tipo de criminales”, dijo en lo que parece ser una alusión a la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalados por organismos internacionales de derechos humanos como autores de crímenes de lesa humanidad, luego de la respuesta estatal violenta en abril de 2018.

El mismo Juan Sebastián Chamorro tiene sobre sí un caso judicial pendiente. La Dirección General de Ingresos acusa a su esposa Victoria Lacayo de supuesta evasión fiscal por 9.5 millones de córdobas en concepto de venta de lotes en residencial Intermezzo del Bosque.

Chamorro ha señalado de “falsas” las acusaciones de la DGI que llegaron hasta la vía judicial y ocasionaron el embargo de varias propiedades de la familia. El jueves, el precandidato presidencial informó que “el proceso ha continuado” y dijo que han agotado “todos los mecanismos” y que tienen nueva información que ofrecer al respecto en los próximos días, sin embargo dijo no sentir temor de lo que pueda ocasionar este juicio.

“Si uno está en una lucha contra una dictadura tan cruel, no podemos tener ningún tipo de temor” , afirmó.

Maradiaga, con policías día y noche

Félix Maradiaga, otro de los precandidatos presidenciales que puntea alto en las encuestas también ha sido impedido de salir de su casa.

Este viernes circuló un video en el que se observa cómo agentes de policía forcejean con el precandidato presidencial de la Coalición Nacional y lo obligan con violencia a regresar  a su casa.

“Hace unos meses me quitaron mi pasaporte imponiéndome una restricción migratoria arbitraria”, expresó Maradiaga a Nicaragua Investiga en una entrevista para el programa Ojo Crítico hace unas semanas.

Maradiaga dice que la cuadra de su casa permanece “rodeada de policías” y ahora mismo cuando viaja una patrulla con al menos cuatro policías lo persiguen. A veces, dice el opositor, “nos han cerrado por varios meses”.

Maradiaga fue acusado en 2018 por los delitos de crimen organizado y financiamiento al terrorismo. Según la acusación de la fiscalía, el exdirector del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas usó esa entidad para captar fondos internacionales y “adiestrar” grupos violentos que participaron en las protestas de 2018.

Maradiaga estuvo exiliado varios meses tras esas acusaciones, hasta su retorno al país en septiembre de 2019. La acusación nunca fue retirada y el caso sigue siendo una espada de Damocles sobre la candidatura del opositor.

La candidata más “potable”

Este 20 de mayo, el gobierno de Daniel Ortega arremetió contra Cristiana Chamorro, la candidata de oposición con más alto índice de popularidad, según la más reciente encuesta de Cid Gallup.

El Ministerio de Gobernación acusó a Chamorro de presentar “serias” inconsistencias en los estados financieros de la fundación que dirigía hasta febrero de este año, cuando la organización se vio forzada a cerrar como resultado de la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.

“Buscan incriminarme en algo que es verdaderamente falso, están haciendo eso tomando como pretexto señalamientos, algunas acciones macabras y terribles para impedir que podamos trabajar por Nicaragua”, dijo Cristiana Chamorro al conocer la acusación.

La mayoría de nicas continúa reprobando a Daniel Ortega, según Cid Gallup 

Este viernes, a tan solo unas horas de haber acudido a una citación indagatoria en el Ministerio de Gobernación la aspirante presidencial ya había sido citada también ante la fiscalía, por lo que al parecer el caso será remitido a la vía judicial.

La Ley que inhibe candidatos

En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional, bajo control sandinista, aprobó la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”, que abre la puerta a la inhibición de candidatos presidenciales.

El primer y extenso artículo de dicha ley dice que “Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia o la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, que pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos y de operaciones extranjeras contra el país, aquellos que demanden, exalten la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y todos los que lesionen los intereses supremos de la Nación, contemplados en el ordenamiento jurídico, serán ‘Traidores de la Patria’ por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”.

Daniel Ortega intenta liquidar a posibles candidatos con nueva ley

Es bajo esta nueva ley que la inhibición se ciernen sobre los candidatos opositores ante estas acusaciones. Los partidos políticos tienen hasta el 26 de agosto para presentar oficialmente a sus candidatos presidenciales.

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