La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer a través de su portal web que ha iniciado un proceso de denuncia en contra del Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizando al gobierno por «violación a los derechos políticos y a la protección judicial de Fabio Gadea Mantilla en el marco de su participación política como candidato presidencial en el proceso electoral de 2011″.
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Según el documento de la CIDH, «el 9 de marzo de 2011 Fabio Gadea Mantilla inscribió su candidatura ante el Consejo Supremo Electoral. Posteriormente dicho órgano publicó la lista definitiva de candidatos en la que figuraban tanto el señor Gadea como el Presidente Ortega. Por considerar que la inscripción del Presidente Ortega era ilegal, la víctima y otros candidatos presentaron un recurso de impugnación ante el CSE».
Asimismo, agrega que «la víctima no pudo presentar un recurso para obtener la revisión judicial de dicha decisión dado que la Constitución establecía que las resoluciones del Consejo Supremo en materia electoral no admitían recurso alguno».
Pese a que el artículo 147 de la Constitución prohibía la reelección presidencial después de ejercer la presidencia durante dos mandatos, «el 6 de noviembre de 2011 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Nicaragua en las cuales el Presidente Ortega fue reelecto con un 62.64% de votos y el señor Gadea obtuvo el segundo lugar».
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La CIDH cree que en «el presente caso no corresponde determinar si la reelección es o no un derecho humano», pero «resaltó que la reelección indefinida o periodos extensos de ejercicio de la presidencia por la misma persona» significa un «riesgos para el sistema de democracia representativa, pilar fundamental del sistema interamericano».
#CIDH presentó ante la #CorteIDH el caso Fabio Gadea Mantilla respecto #Nicaragua, sobre la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos políticos y protección judicial. #CasosCIDH
📌Comunicado de Prensa:👉🏾 https://t.co/zubU5DtreQ pic.twitter.com/uYZho99lNL— CIDH – IACHR (@CIDH) July 8, 2021
Asimismo, la comisión señaló que en «el artículo 23 de la Convención Americana» se establecen los derechos políticos y la protección a la participación política en «sufragios activos y pasivos», así como las condiciones para desarrollar un proceso electoral bajo un sistema «legal e institucional» que fiscaliza la transparencia de los comicios.
Denuncia ante la Corte IDH por caso de Gadea
Para la redacción de este informe, la CIDH tomó en cuenta tres punto:
- La vulnerabilidad de Fabio Gadea al participar en las elecciones de 2011 bajo condiciones de desigualdad.
- La ventaja del Presidente Ortega en el ejercicio de sus funciones en medio de un contexto de «concentración de poderes a manos del Poder Ejecutivo«. Así como, «mayor propaganda electoral a su favor en los medios de comunicación y cierre de espacios en canales estatales para los demás partidos políticos».
- «Irregularidades» en el proceso electoral evidenciadas a través de denuncias de «falta de independencia e imparcialidad» por el Consejo Supremo Electoral. Así como, el nombramiento de personas afines al mandatario en los «órganos de control».
«La Comisión concluyó que dichos elementos demuestran la existencia de una afectación al derecho del señor Gadea de participar en el proceso electoral en condiciones de igualdad, en vista de las ventajas generadas desde el propio Estado al Presidente en ejercicio, quien participó en el proceso en situación de ventaja o superioridad» agrega el informe.
La CIDH señaló que «la violación al derecho a participar en condiciones de igualdad en una contienda electoral puede afectar no solamente derechos individuales, sino también la dimensión colectiva de los derechos políticos», inclusive, la democracia puede desaparecer al «generarse ventajas indebidas» de ciertos candidatos sobre el resto de participantes durante una contienda electoral.
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CIDH pide indemnizar con un pago a Fabio Gadea
De acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su «Informe de Fondo«, el Estado deberá hacer un «pago de una indemnización» a la víctima (don Gadea) para «reparar integralmente» las violaciones a sus derecho políticos.
Incluso, el gobierno sandinista debe «adoptar las medidas de no repetición para garantizar la igualdad de todos los participantes en el proceso electoral de cara a los comicios del 7 de noviembre. Además, sugiere garantizar la «independencia» del Poder Electoral, actualmente dirigido por militantes sandinistas.
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