Expertos: FSLN viola Reglamento de Ética y la Ley Electoral

La Ley Electoral establece cárcel para quien use bienes propiedad del Estado para propaganda política y quien haga proselitismo en oficinas públicas.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) advirtió a los partidos políticos participantes en las elecciones programadas para el 7 de noviembre, que deben de cumplir “estrictamente” con el Reglamento de Ética Electoral, y que en caso de violarlo se arriesgan a sanciones.

Ese reglamento en su artículo 8 “prohíbe el uso de bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política”, lo cual resulta curioso dado que las instituciones estatales están plagadas de propaganda a favor del gobernante FSLN, y no hay una sola dependencia en donde no estén la bandera roja y negra y las imágenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En las jornadas de vacunación contra el COVID-19, algo tan sensible, también se ha visto últimamente cómo los sandinistas y los trabajadores de la salud hacen proselitismo político a favor del partido gobernante.

El proselitismo y uso de recursos estatales, según los opositores, es algo que se viene dando desde hace años, en lo que a todas luces es una estrategia de permanente propaganda política por parte del oficialismo. En redes sociales e incluso en medios oficialistas sobran imágenes de trabajadores, funcionarios y vehículos del Estado siendo usados con estos fines.

La activista Alexa Zamora, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), expresó que pese a las evidencias el CSE no le va a aplicar la ley al FSLN.

“Ellos (los sandinistas) han sido los primeros en incumplirlo, claro que no lo van a reconocer en ningún momento». manifestó.

En este sentido, advirtió que en todo caso podrían sancionar es al PLC. «Más bien yo creo que está dirigido a alcaldías o dependencias institucionales que todavía pertenecen a partidos como el Partido Liberal Constitucionalista que va a participar en las elecciones, tiene funcionarios en el Estado y tiene algunas alcaldías”, explicó.

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Implica cárcel

Yader Morazán, especialista en temas de administración de justicia y exfuncionario del Poder Judicial, señaló que el uso de bienes del Estado para propaganda política «es un delito electoral, que no admite ningún tipo de beneficio».

Indicó que la Ley Electoral en su artículo 175, sobre delitos electorales, establece que  «será sancionado con arresto inconmutable de uno a dos años: El que usare bienes propiedad del Estado para fines de propaganda política» y «El que hiciere proselitismo político en las oficinas públicas».

Reglamento busca silenciar críticas al proceso

Zamora también señaló que el Reglamento de Ética Electoral busca a silenciar a los medios de comunicación y cualquier tipo de crítica a los comicios.

Efectivamente, el pasado 23 de septiembre la presidenta del Consejo Supremo Electoral, magistrada Brenda Rocha,  advirtió a través del oficialista Canal 4 que los medios de comunicación no pueden «denigrar» a los candidatos.  “El respeto en esta jornada de campaña es importante, el respeto a los otros candidatos, el respeto a los mismos otros simpatizantes de los otros partidos, la propaganda que vaya a pegar el otro partido tenemos que respetarla; los medios de comunicación, que aquí juegan un papel muy importante, el respeto, no denigrar a las personas, porque hay sanciones en caso que lo hagan, el respeto a todo lo que tiene que ver con la defensa del pueblo”, expresó Rocha en esa entrevista.

Control absoluto

Para Zamora, las advertencias del CSE vienen a “evidenciar la manipulación y el control total que existe o que pretende imponer todavía más el régimen en términos de la dinámica electoral”.

Al respecto, refirió que bien podría ser usado en contra que cualquier intento, por ejemplo, “de desconocer el proceso electoral”.

“Mas que a los partidos en término macro va dirigido a cualquier candidato que entre comillas se extralimite a hacer un determinado llamado o incluso en denunciar cualquier tipo de anomalía”, indicó.

La activista citó el caso de Berenice Quezada, candidata a la vicepresidencia por el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), antes de que le eliminaran la personería jurídica. La joven “hizo un llamado a votar y al régimen no le gustó el mensaje” y fue “criminalizada en el acto”, subrayó.

El respeto es bueno, pero también los temas de fondo

Carlos Pérez Zeledón, de Propuesta Ciudadana, consideró que es importante que el proceso sí lleve  se lleve a cabo con respeto.

«No veo como negativo que tratemos de manejar esto en el marco del respeto, de lo cívico», resaltó.

Sin embargo, afirmó que no se debería limitar a solo eso, cuando «le has quitado credibilidad, le has quitado competitividad» y, según algunos países, también «le has quitado legitimidad».

En este punto, no que es bueno «despersonalizar la cuestión política», pero también «que la ciudadanía discuta temas de fondo y que discuta la visión de país que tiene cada propuesta electoral, cada propuesta programática, pero no hay propuesta programática conocida».

El peligro de lo que se podría venir

Para Pérez Zeledón el hecho de que haya países que digan que no se van reconocer las elecciones debería ser una alerta.

«Es preocupante porque mientras por un lado están abriendo juicios y procesos penales en contra de personas que según la Fiscalía han incurrido en delitos por aplaudir las sanciones, por el otro lado el gobierno no está haciendo absolutamente nada para evitar de que sea sancionado», manifestó.

«Hay acusaciones serias de la comunidad internacional y amenazas de desconocimiento y eso implica la posibilidad de que sigan aumentando la sanciones», dijo advirtiendo que estas «son un peligro para nuestro país», ya que este depende «extremadamente de la ayuda internacional». «O sea, nosotros no tenemos capacidad de hacerle frente a nuestros problemas económicos si no es con la ayuda de otros países y de los organismos internacionales», subrayó.

 

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