Wálmaro dice que «diputados no pueden estarse escudando en las faldas de la inmunidad»

El martes 5 de octubre la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley  606, “Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua”, y un punto muy polémico de la enmienda es que ahora los diputados podrán ser separados del cargo si son acusados de algún delito, aunque no exista sentencia firme.

Para los críticos, esta es una forma de «represión», que podrá ser usada como arma contra los legisladores. Sin embargo, para los sandinistas la medida más bien abona al «decoro» del Parlamento.

Vale apuntar que la reforma se aprobó a propuesta del diputado sandinista Gustavo Porras, presidente de ese poder del Estado, y leal servidor del presidente Daniel Ortega.

La aplanadora sandinista cuenta con 70 votos, más los de otros diputados «oficiosos», y por tanto no le costó gran cosa reformar el artículo 23 de la Ley 606, en el cual ahora queda establecido que el diputado perderá su condición «cuando previa privación de la inmunidad esté siendo procesado por la supuesta comisión de un delito».

Viola la presunción de inocencia

Uno de los que rechaza la medida es el diputado liberal Maximino Rodríguez. Este explica que se está violentando la «presunción de inocencia» establecido en el Artículo 34, numeral 1, de la Constitución Política de Nicaragua.

«No te pueden condenar mientras no hayas sido vencido en juicio en un tribunal. Lo que te están diciendo aquí los reformistas es que de entrada ya te sancionaron, ya te condenaron», expresó.

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En manos de los caudillos de los partidos

Rodríguez asegura que esto sienta un precedente negativo y deja a los legisladores en manos de los caudillos.

«Es una forma de mantener a los legisladores sumisos, porque a cualquiera se le ocurre, de los mismos dueños de los partidos políticos, incriminar a un legislador, porque no está de acuerdo, porque no sigue su mandato, y entonces te pueden sancionar de hecho, prácticamente a priori», advirtió.

«Es una forma de perfeccionar la represión, es decir, en vez de que sea de hecho, ahora será de derecho , que el legislador que no se comporte en lo sucesivo de acuerdo a las pretensiones y las proyecciones del sistema, entonces podría ser sancionado en detrimento de tus derechos contemplados en Constitución Política de Nicaragua», insistió Rodríguez.

No obstante, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la comisión económica, negó que se esté violentando derecho alguno. Dijo que la bancada del FSLN es de la «tesis» que «los diputados no pueden estarse escudando en las faldas de la inmunidad para evitar responder por la comisión de delitos».

Diputado Maximino Rodríguez. Foto: Nicaragua Investiga ©

«No se le está vulnerando los derechos a nadie. En otras palabras, mientras el diputado tenga inmunidad parlamentaria no se le puede procesar ni civil ni penal ni administrativamente, como dice la Constitución Política. Pero una vez que se le levanta la inmunidad y hay un proceso penal sencillamente se le va a suspender temporalmente mientras responde frente a las autoridades judiciales. Responde ante la autoridades judiciales y sale absuelto, vuelve a su condición en ejercicio total y pleno de sus derechos como diputado en la Asamblea Nacional», subrayó el legislador a la Voz de América.

Es hasta por decoro, dice Gutiérrez

Pese a que la Asamblea no goza de gran prestigio entre la ciudadanía, el legislador sandinista cree esto es beneficioso para el decoro de ese poder del Estado.

«Yo creo de que es hasta positivo que cuando un diputado está enfrentando proceso penal que no venga desarrollar su función parlamentaria. Me parece que incluso hasta abona al decoro del Parlamento nacional», manifestó.

Gutiérrez refirió que la inmunidad no puede ser un burladero, ya que fue pensada para que los diputados «sean libres de opinar en el foro parlamentario, pero no para que cometan delitos».

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Precedentes

En Nicaragua la destitución de diputados ha sido una práctica común por parte de los dirigentes de los partidos. Uno de los casos más recientes y más sonados fue el de la diputada María Fernanda Flores. A esta se le eliminó su diputación en noviembre del 2020 a petición de María Haydée Osuna, quien había empezado a controlar el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Flores fue acusada de «transgredir» los estatutos partidarios y de “incumplir” con el pago de salario y prestaciones a trabajadores.

Los casos de Ocampo y Anaya

En el FSLN, una organización cuyos diputados se caracterizan por cumplir a cabalidad y sin cuestionamiento alguno, las órdenes emanadas desde El Carmen, donde despacha el caudillo sandinista Daniel Ortega, también ha habido casos.

Por ejemplo, en junio del 2013 Xochilt Ocampo fue destituida de su escaño y salió llorando del Parlamento al conocer que había perdido su condición diputada. El 13 de junio de ese año Ocampo no votó por la Ley de Gran Canal Interoceánico, un proyecto de gran importancia para Ortega.

Al mes siguiente el Consejo Supremo Electoral (CSE) también canceló la credencial del diputado Agustín Jarquín Anaya. Fue acusado de «traidor» al cambiarse de partido. Anaya había sido electo en la casilla del FSLN, pero luego cambió a la oposición, a la Bancada Democrática Nicaragüense.

Hay que resaltar que este tipo de medidas siempre han sido usadas a discrecionalidad del poder. Por ejemplo, nunca se tomó una medida como esta contra los diputados Mario Valle y Juan Ramón Jiménez, quienes se integraron al FSLN habiendo llegado al Parlamento vía el MRS.