En la lista de presos políticos Daniel Ortega tiene un buen número de personas que sobrepasan los 60 años de edad, algunos incluso rondan ya los ochenta y están aquejados por múltiples padecimientos asociados tanto a la vejez como a enfermedades o procedimientos quirúrgicos previos.
Entre los casos más emblemáticos están el excanciller José Pallais, de 68 años, y el exsacerdote y exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Edgard Parrales, de 79 años. Con ellos la Justicia, controlada por Ortega, ha sido inflexible y se ha negado a liberarlos o por lo menos sacarlos de los mazmorras de El Chipote.
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Los polémicos casos de Alemán, Jerez, Osuna y Montealegre
Pero la Justicia no siempre ha sido así y en las últimas dos décadas acarrea un largo historial de beneficios carcelarios a polémicos personajes de la vida política, procesados por delitos comunes.
En diciembre del 2003 la jueza Juana Méndez, una reconocida militante del FSLN, sentenció a 20 años de cárcel al expresidente Arnoldo Alemán, entonces de 57 años. Alemán había sido encontrado culpable de corrupción, pero no fue enviado a La Modelo a purgar pena, sino que Méndez, “por razones de salud”, le mantuvo la cárcel domiciliaria. Alemán eventualmente recibió ciudad por cárcel, luego país por cárcel y finalmente quedó libre.
Copia exacta fue la medida tomada a favor de Byron Jerez. En junio del 2003 fue condenado por corrupción a 8 años de cárcel. Pero “por motivos de salud” se le benefició con arresto domiciliario, y en marzo del 2004 fue visto veraneando en su polémico palacete de Pochomil. Como es sabido, finalmente fue absuelto de cargos y en el 2016 hasta terminó siendo diputado luego de haber hecho campaña electoral bajo el lema: “Vos ya me conocés”.
En junio del 2016 Álvaro Montealegre, hermano del influyente político Eduardo Montealegre, fue sentenciado a 22 años de cárcel tras ser encontrado culpable de un millonario caso de estafa. El empresario gozó de arresto domiciliario. En febrero del 2017 La Prensa informó que este estaba en casa “por supuestamente padecer un asma crónica”. Para lograr su excarcelación incluso hubo un dictamen del Instituto de Medicina Legal (IML), el cual señalaba que los males que padecía Álvaro Montealegre “requieren de tratamiento y control médico para evitar que se descompense y se ponga en riesgo su salud”.
No menos polémica fue la liberación en el 2016 del exmagistrado electoral Julio César Osuna. En el 2012 había sido encontrado culpable de encabezar una red de narcotráfico, pero menos de cuatro años después fue liberado tras ser beneficiado por el Ministerio de Gobernación con el “régimen abierto”.
Saña con presos políticos
En el caso de los presos políticos que actualmente están en el nuevo Chipote o en otras cárceles, los organismos de derechos humanos han denunciado que existe una saña contra ellos, sin importarles su avanzada edad y problemas de salud. A ellos el oficialismo los señala de “traición a la patria”.
En el caso del doctor José Pallais, tiene llagas en la espalda debido a que tiene que dormir en una silla. Este presenta “problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, obesidad, apnea del sueño, glaucoma y problemas en la columna”, subrayó en junio pasado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
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El exembajador y analista político Edgard Parrales es el preso político de mayor edad, rondando casi os ochenta años. Hace 10 años fue operado del intestino grueso, por lo que debe tener una alimentación especial y no lo que recibe en la cárcel. Concretamente sufre de hemicolectomía izquierda, colecistectomía, síndrome de colon irritable, diverticulosis, hernia post incicional en línea media , dislipidemia y otras afectaciones que necesitan chequeos constantes y asistencia médica especializada.
Pallais es un enfermo crónico, sin embargo el régimen se ha enseñado contra él. Archivo NI
La lista de adultos mayores en las cárceles de Ortega la integran también Francisco Aguirre, de 77 años; Hugo Torres, de 73 años; Mauricio Díez, de 71 años; Dora María Téllez, de 69 años; Arturo Cruz, de 68 años; Pedro Joaquín Chamorro, de 69 años; Víctor Hugo Tinoco, de 69 años; Violeta Granera, de 70 años; Nidia Barbosa, de 66 años; Irving Larios, de 63 años; y José Adán Aguerri, de 60 años.
Sin embargo, hay más presos políticos que por su condición requerirían que la “justicia” de Ortega procediera a analizar sus largas estadías encarcelados, tal es el caso del gerente de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann. Este, según su familia, ha sido operado de cataratas en ambos ojos y también sufrió desprendimiento de retina, por lo que esos problemas han empeorado dentro de la cárcel. Igualmente padece problemas cardíacos y en marzo pasado fue operado de la válvula mitral”, además de que presenta problemas en la aorta.
No es una concesión, es de derechos
Para el coordinador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Gonzalo Carrión, hay que partir del hecho de que estas personas, como presas políticas, están detenidas, acusadas y criminalizadas de forma completamente arbitraria e inconstitucional, y por tanto no deberían estar en la cárcel.
“La edad, enfermedades y otros padecimientos, agravan los abusos, todo en perjuicio de los derechos humanos de los secuestrados”, señala Carrión, enfatizando que personas de avanzada edad, así como los valetudinarios, “deben ser protegidos por el régimen jurídico penal y procesal que establece disposiciones, atendiendo esa vulnerable condición”.
“No es una concesión, es de derechos”, explica.
Gonzalo Carrión recuerda que El Chipote “es un centro de tortura y lo confirma el accionar de mantener el aislamiento prolongado” de los presos políticos.
Protegidos por la ley
La Ley del Adulto Mayor establece en su artículo 6, que todo adulto mayor tiene derecho a que “se le garantice ante los jueces o tribunales competentes un proceso sencillo, con prelación, celeridad, gratuidad e inmediatez, con las debidas garantías procesales, que le ampare contra actos que violen o puedan violar sus derechos humanos y libertades fundamentales”.
Esta misma ley también prohíbe todos los abusos, que según las denuncias, están sufriendo los adultos mayores encarcelados por Ortega. “Todos los actos de violencia institucional o intrafamiliar, física, psicológica, económica, sexual u otros, en contra del Adulto Mayor serán sancionados administrativa o penalmente de acuerdo con la legislación nacional vigente”, señala el artículo 20 de la ley.
Igualmente el Código Procesal Penal indica en su artículo 176 la “Sustitución de prisión preventiva por domiciliaria”. En este caso “el juez puede sustituir la prisión preventiva por prisión domiciliaria, entre otros casos, cuando se trate de “personas valetudinarias o afectadas por una enfermedad en fase terminal debidamente comprobada”.
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