¿Cuáles son las acusaciones de la UE y EEUU en contra de los sancionados?

La comunidad internacional reaccionó horas antes de la investidura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aplicando nuevas sanciones a 12 funcionarios cercanos a la pareja presidencial y a la Policía Nacional, por ser responsables de “socavar gravemente la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua”.

La Unión Europea (UE) y Estados Unidos tomaron acciones en conjunto. Pero, ¿cuáles son las acusaciones en contra de los sancionados?

Acusaciones en contra de magistrados del CSE

Brenda Rocha y Cairo Amador, presidente y vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), y Lumberto Campbell; también magistrado de esta misma institución, están en la lista de los sancionados.

La UE acusa a los tres magistrados de ocupar el CSE como “el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación” de las votaciones de noviembre pasado, las cuales “socavaron las instituciones y los procesos democráticos por su falta de transparencia, de una verdadera oposición y de un debate democrático”.

“El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a unas elecciones libres y se aseguró de que los comicios se organizasen en condiciones antidemocráticas. Por lo tanto, es responsable de la represión de la oposición”.

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Señalamientos a la Policía Nacional

La UE le aplicó sanciones a la Policía Nacional por ser “responsable de infligir tratos degradantes, entre ellos torturas físicas y psicológicas, a quienes se opusieron al régimen de Ortega”. Además, se le acusa del encarcelamiento ilegal de precandidatos presidenciales, líderes de la sociedad civil, líderes estudiantiles y periodistas independientes.

“La intervención de la Policía Nacional resultó determinante para que Daniel Ortega se librara de competir con una verdadera oposición democrática durante las elecciones generales del 7 de noviembre de 2021”, sostiene la UE.

La comunidad europea afirma que la institución policial ejerció vigilancia y persecución continuas de los líderes de la oposición, allanando viviendas ilegalmente y deteniendo arbitrariamente a miembros de la oposición, y que “amenazó sistemáticamente a empleados públicos”.

“En 2018, la Policía Nacional estuvo involucrada en los asesinatos de manifestantes pacíficos en toda Nicaragua”, reafirman.

Acusaciones a miembros del Ejército

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a seis funcionarios del régimen de Ortega. Las medidas se ampliaron a tres directivos del Instituto Militar de Bienestar Social (IPSM), el grupo de negocios del Ejército de Nicaragua.

Estados Unidos sostiene que el Ejército no solo se negó a ordenar el desarme y desmantelamiento de las fuerzas “parapoliciales” durante y después de los levantamientos políticos, “sino que también proporcionó armas a los parapoliciales que cometieron actos de violencia contra los nicaragüenses”.

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Los sancionados son: Bayardo De Jesús Pulido Ortiz, general de brigada y jefe del departamento de personal y cuadros del Ejército de Nicaragua y miembro de la junta directiva del IPSM. Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, general de división y jefe del estado mayor general del Ejército de Nicaragua y miembro de la junta directiva del IPSM. También se encuentra en la lista Rosa Adelina Barahona De Rivas, ministra de Defensa de Nicaragua y miembro de la junta directiva del IPSM.

Acusaciones contra los hijos de Ortega

Camila Ortega Murillo es señalada por la UE de ser responsable de utilizar Nicaragua Diseña para apoyar las votaciones, “mediante la creación de cuentas falsas en diferentes plataformas de redes sociales”.

La comunidad europea sostiene que como directora de Canal 13, “ha contribuido a difundir el discurso de odio del régimen de Ortega contra la oposición cívica”. Al mismo tiempo ha limitado la pluralidad editorial y perseguido a periodistas y medios de comunicación independientes en Nicaragua, “anulando la libertad de expresión y toda competencia electoral efectiva”.

A Laureano Ortega lo sancionan pues ha justificado y apoyado el encarcelamiento arbitrario e ilegal de líderes políticos y precandidatos presidenciales, líderes estudiantiles y rurales o periodistas independientes, a los que ha calificado de “terroristas”.

Camila Ortega, hija de la pareja presidencial, recientemente sancionada por la Unión Europea. Foto | Prensa oficialista

Señalamientos a funcionarias de Telcor

Nahima Janett Díaz, directora del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), hija del director general de la Policía Nacional, Francisco Javier Díaz Madriz, fue sancionada por la UE y Estados Unidos.

Celina Delgado Castellón, directora general adjunta de Telcor y miembro del directorio de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) en representación de Telcor, le aplicó sanciones Estados Unidos.

“Desde 2007, el régimen ha atacado a los medios en un esfuerzo por silenciarlos, a menudo utilizando Telcor como herramienta de represión”, señala el país norteamericano y recordó que desde esta institución operaba una granja de trolles, “para influir en la opinión pública a favor del régimen y difundir información negativa”.

Estados Unidos apunta que Telcor suspendió la licencia de operación de Enlace Canal 21, luego que el excandidato presidencial y dirigente de este medio televisivo, Guillermo Osorno, del partido Nicaragüense Camino Cristiano (CCN), denunciara públicamente anomalías en el proceso electoral.

“Telcor ha sido empleado por las autoridades nicaragüenses para silenciar a los medios de comunicación independientes, entre ellos a tres organizaciones de agencias de información desde 2018”, sostiene la UE y agrega que “como institución encargada de ejecutar la Ley de Ciberdelitos, Telcor ha dirigido y realizado actividades de vigilancia de la sociedad civil y la oposición democrática”.

Las otras acusaciones

Luis Montenegro Espinoza, director de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), le aplicó las sanciones la UE por ser “responsable de la persecución de los agentes financieros que se opusieron a las políticas del régimen de Ortega, así como del control del régimen del sector financiero”.

Ramón Humberto Calderón Vindell, general de división retirado, expresidente de la junta directiva de la empresa petrolera estatal nicaragüense Petróleos de Nicaragua (Petronic) y presidente de la junta directiva de Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS).