Más jueces propensos a ser sancionados por arbitrariedades

Defensores de derechos humanos consideran que los procesos judiciales contra los presos políticos terminan siendo "paredones de ejecución judicial".

El pasado jueves 10 de marzo el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a siete funcionarios del gobierno de Daniel Ortega en la lista de actores corruptos y anti democráticos. Entre estas personas se incluyen diputados sandinistas, y directores de instituciones, así como la presidenta del PLC María Haydeé Osuna, sin embargo, también destaca la jueza Karen Chavarría.

EE.UU. incluye a 7 funcionarios en lista de «corruptos y antidemocráticos»

Chavarría es actual jueza del noveno distrito de Managua y ha estado implicada en la condena de varios presos políticos del la dictadura de Daniel Ortega. Recientemente condenó a 10 años de prisión a la activista Ana Margarita Vijil, pero desde el 2018 ha realizado fallos arbitrarios contra opositores a Ortega.

El Departamento de Estado la sancionó «por abusar su autoridad y subvertir los procesos legales para actuar en contra de los oponentes políticos del régimen Ortega-Murillo y descalificar a candidatos de oposición de las elecciones de noviembre de 2021».

Jueza Karen Chavarría, sancionada por EEUU. FOTO: Cortesía

Jueces que han fallado contra presos políticos

Daniel Ortega, además utiliza a más de diez personas para actuar en contra de sus opositores apresados, entre ellos se incluyen fiscales y jueces, que hasta el momento no figuran en la lista del Departamento de Estado norteamericano.

Entre ellos se incluyen las y los jueces: Nidia Tardencilla, Félix Salmerón, Yahoska Tapia,  Nancy Aguirre, Ángel Fernández y  Luden Martín Quiroz.

Todos los jueces han estado implicados en los fallos de culpabilidad y condena contra los presos de Ortega, entre ellos, ex aspirantes presidenciales como Cristiana Chamorro y ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que recientemente fueron declarados culpables por el último juez mencionado.

Distintas personalidades, países y organizaciones internacionales han compartido sus condenas sobre las sentencias impartidas por la justicia sandinista, controlada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, eternos dirigentes del Frente Sandinista.

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Un «paredón» judicial

Estados Unidos tiene ya en su registro sanciones directamente contra la Corte Suprema de Justicia, el año pasado, y también a Alba Luz Ramos, quien es presidenta de esa misma institución, por eso Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, considera que «el problema es que estos funcionarios no están cumpliendo al país, ni con el orden constitucional», sino que son ocupados por Ortega como fichas.

«Los fiscales que acusan, los jueces, todos ellos vienen siendo responsables directos en lo que han sido ‘paredones’ judiciales; el que llega es fulminado. Son ejecuciones judiciales, porque esos no son juicios. No ha habido un sólo caso de algún condenado de las personas presas políticas con una sentencia y proceso coherente», detalla.

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Por tal razón, Carrión considera que debido a la falta de legalidad en estos juicios las personas partícipes en ellos están propensos a sufrir castigos similares, o más fuertes por parte de la comunidad internacional.

«Quienes han estado metiendo la mano en eso y su conciencia, y lo que les queda de moral, están comprometidos y no es sólo una persona, hay un montón, el problema es que no dan la cara», mencionó.

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