Informe revela la grave falta de transparencia en las alcaldías de Nicaragua

El estudio de Urnas Abiertas revela un millonario perjuicio económico en el manejo de las finanzas públicas en las alcaldías de Nicaragua.

El observatorio independiente Urnas Abiertas presentó el informe «Situación de la Transparencia Municipal en Nicaragua» donde revela que hay «enormes índices de insatisfacción» en las Alcaldías de Nicaragua.

El informe también destaca la centralización del poder por parte del FSLN y la falta de autonomía en las municipalidades.

«La administración pública ha sido completamente centralizada en el Poder Ejecutivo, el Gobierno Central, y el mismo partido FSLN, a través de las figuras de Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta, respectivamente, incluyendo los gobiernos municipales; pero desde 2018 este fenómeno ha empeorado», indica el informe.

Rendición de cuentas «se han visto estancadas»

Urnas Abiertas, también reveló que no hay un interés por parte de la Contraloría General de la República para que los alcaldes o las personas encargadas de las finanzas de las municipalidades rindan cuentas sobre el manejo de los presupuestos otorgados a las alcaldías.

«La transparencia y rendición de cuentas de las finanzas del gobierno central se ha visto estancada en niveles insuficientes de información. Además, la apertura sobre el uso de los recursos municipales es mínima. La corrupción y falta de transparencia del gobierno central ha salpicado a los gobiernos municipales, la gran mayoría son gobernados por el FSLN», señala.

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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo busca el control total de las 153 alcaldías a nivel nacional. El último retroceso democrático ejecutado por el régimen sandinista fue el asalto en julio pasado a las municipalidades que estaban en manos del extinto partido Ciudadanos por la Libertad.

Bluefields, Puerto Cabezas y Estelí son las alcaldías catalogadas con «poca» o «casi nada» de transparencia, según el informe.

Alcaldías con pocas auditorias

Desde el retorno del andinismo al poder, las alcaldías de los diferentes municipios de Nicaragua no han sido auditadas, mientras que otras, únicamente registran un dato mínimo sobre las auditorias realizadas en las municipalidades.

«El gobierno del FSLN se ha caracterizado por ser reacio a la rendición de cuentas, a la transparencia en su gestión pública y desde el inicio de su mandato se empezó a percibir el cierre de los espacios de auditoría social. Se fueron cerrando poco a poco las Oficinas de Acceso a la Información Pública (OAIP), quedando solamente algunas como las del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Banco Central de Nicaragua, entre otras», cita el informe.

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El estudio indica que Managua ha sido la alcaldía que más ha sido auditadas desde el 2015 hasta el 2022, con un total de 64 auditorias. En el caso de Estelí, únicamente reporta 24, mientras que Matagalpa 23.

Los municipios con muy bajos números de auditorias realizadas a sus alcaldías son León, Rivas, Granada y Masatepe, quienes solamente han sido auditadas 19 veces.

Como parte de las auditorias a 71 alcaldías, la Contraloría General de la República ha encontrado con «responsabilidad administrativa» a 319 funcionarios públicos, 237 enfrentan «responsabilidad civil» y solamente 49 fueron señalados de «presunción penal» por el mal manejo de los recursos públicos.

Millones de córdobas en perjuicio económico

El informe de Urnas Abiertas revela un enorme perjucio económico en las investigaciones realizadas en los datos de auditoria de las municipalidades. La alcaldía con mayor anomalía es la de Santo Tomás del Norte.

«La alcaldía en la que se encontró mayor perjuicio económico en las auditorías de la CGR fue Santo Tomás del Norte con C$ 5.19 millones de córdobas, que se emitieron en responsabilidades civiles en el año 2018», indica.

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Sin embargo, el estudio revela que el segundo lugar se lo lleva la municipalidad de Siuna con C$ 4.47 millones en perjuicio económico, a través de responsabilidades civiles y presunción penal.

Completa el podio San Juan de Oriente (C$ 4.09 millones de córdobas), en la cual se reportan presunciones penales en 2015 y 2017.

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