Pese a los escándalos y señalamientos de actos de corrupción y dudosos manejos de fondos públicos por parte de la administración Ortega Murillo, la Contraloría General de la República (CGR) se muestra pasiva ante ello y por tanto diferentes sectores han cuestionado su prácticamente nula iniciativa para investigar esos casos.
Aun así, los recursos económicos que el Ejecutivo destina a esta institución son cada vez mayores y en el Presupuesto General de la República 2022 dichos fondos ascienden a 252 millones 831 mil córdobas.
Según los programas a ejecutar publicados por el Ministerio de Hacienda, C$ 105,983,371 irán destinados a actividades administrativas y apoyo técnico de la gestión institucional, C$ 104,074,868 a la fiscalización y control externo gubernamental, C$ 30,585,451 a la asesoría legal y gestión judicial en la administración pública, y C$ 12,187,310 al fortalecimiento de las capacidades técnicas gubernamentales para el desarrollo del sistema de control interno.
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En el presupuesto, 122 millones 14 mil 792 córdobas irán destinados al pago de salarios del personal permanente.
También destacan otras asignaciones, como “Alimentos y bebidas”, para lo cual hay presupuestado casi medio millón de córdobas. Igualmente destacan los más de C$7.4 millones destinados para “Combustibles y lubricantes”, los C$5.15 millones de “Viáticos para el interior” y los 114 mil córdobas en concepto de “Viáticos para el exterior”.
Más dinero, pero no cumple con fiscalizar
En el 2019 Ortega asignó a la Contraloría C$ 250,351,602, en el 2020 C$234,802,743 y en el 2021 C$234,803,000. Es decir, solo estos tres años recibió C$ 719,957,345.
Estas grandes sumas de dinero llegan a esa institución, a pesar los serios cuestionamientos a su labor, dado que en teoría es el órgano encargado de fiscalizar el uso que las instituciones gubernamentales le dan a los recursos públicos.
Para dar una idea de ello, hay que destacar que según el último informe anual de la CGR del monto total del Presupuesto General de la República (PGR) del año 2019, únicamente se auditó un 62%.
“En 2021 la CGR informó que quedó un monto pendiente para auditar de C$ 30,741.2 millones y lo expresan tal como que se tratara de dejar de fiscalizar cualquier cosa sin importancia, y eso no es así, porque se refiere al dinero público proyectado en el PGR y ese es un tema que nos interesa a todos los ciudadanos”, criticaba en abril pasado la abogada e investigadora Martha Molina al conocer el informe.
Hay que señalar también que si un ciudadano quiere entrar al sitio web de una institución, que debería ser tan importante en materia de probidad, se encuentra con el problema que no podrá acceder directamente a los informes del trabajo que realiza ,ya que el sitio web se encuentra permanentemente caído, algo que es común también con el sitio web del Consejo Supremo Electoral (CSE), otra institución muy cuestionada por la opinión pública.
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Entre los integrantes de la Contraloría General de la República está María Dolores Alemán, hija del expresidente Arnoldo Alemán, señalado de actos de corrupción durante su gestión de gobierno de enero de 1997 a enero del 2002. En el 2006 un informe de la Policía Nacional sseñaló a María Dolores y a la esposa del expresidente, María Ferndanda Flores, de estar involucradas en un desfalco en el caso conocido como “Donación Taiwán».
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