Niñas que esperan niños: el drama “común” de Nicaragua

“Nicolle” acaba de cumplir 16 años y ya está pensando en buscar un trabajo. Es lo que su madre le ha recomendado luego que descubrieron que estaba embarazada.

Con dolores, sobre un sofá de tela rasgada y descolorida, la adolescente ve jugar a sus dos hermanas pequeñas a lo lejos. Hasta hace poco, ella también se divertía todas las tardes con una multitud de niños que invadían el corredor de su casa después de clases.   Pero, hoy se queja de los malestares de un embarazo avanzado. 

Vive en una casita de bloques, maderas desvencijadas y techos agujereados que le presta a su mamá una de sus primas. Se ubica en el barrio Beholdeen en la zona céntrica de Bluefields, Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua.

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Históricamente, estas poblaciones han recibido menor atención estatal y la pobreza extrema es parte del paisaje que contrasta con las pintorescas y soleadas playas.

El hogar de “Nicolle” depende económicamente de su mamá y su tía. Ambas se ganan la vida lavando ropa ajena, trabajo en el que la adolescente piensa incursionar para mantener al bebé que viene en camino.

Durante el pasado fue a clases de la escuela secundaria en el turno sabatino porque sueña con estudiar medicina, pero no está segura de poder continuar una vez que se convierta en madre. “Mi mamá me dijo que no es lo mismo”, dice la adolescente apesarada, porque su familia le ha advertido que ellos no pueden apoyarla con la manutención del bebé.

Ser niña en Nicaragua: entre el abuso sexual y el embarazo forzado

Un informe publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Población en 2020, revela que millones de adolescentes en Latinoamérica se ven obligadas a abandonar sus estudios a causa de un embarazo temprano. Esta decisión limita sus posibilidades de estudio y desarrollo humano.

“El embarazo adolescente es una fábrica de pobres en América Latina”, dijo Federico Tobar, asesor regional del UNFPA.

Sumado a ello, los embarazos tempranos representan altos costos para los países. UNFPA explica que esto “involucra mayores riesgos para la salud de la madre y del (a) niño (a) y, por lo tanto, mayores costos asistenciales en salud”.

Además, el organismo explica que los países con elevadas tasas de embarazos adolescentes no logran recuperarse de esa inversión social, porque “el Estado pierde ingresos, ya que el embarazo en la adolescencia compromete la participación de estas mujeres en el mercado laboral y su aporte al sistema tributario”.

Es por esta razón que para el UNFPA es más eficiente invertir en la prevención, que en la asistencia al embarazo en todas sus dimensiones. 

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“Nicolle”, reconoce no estar preparada para estas tareas y lamenta haber dejado de hacer muchas cosas que hacía antes de su embarazo.“Yo pienso que una debe ser madre como a los 24 o 25 años”, afirma.

Pero, para ella no pudo ser de esa forma. Hace casi un año, en una de esas tardes de juegos con los demás niños del barrio, uno de sus vecinos se detuvo en una motocicleta y le prometió llevarla a comprar golosinas y gaseosas. El hombre se desvió del trayecto. “Me llevó a la trocha donde se van a parquear los buses”, contó. Ahí el hombre abusó de ella.

“Yo le dije que no quería y me dijo que no es lo que yo quiera que es lo que él diga”, cuenta la adolescente.

El hombre repitió el delito en cuatro ocasiones. Hasta que un día “Nicolle” notó cambios en su cuerpo y la ausencia de su período menstrual.

En clases había recibido alguna información sobre el embarazo y sus síntomas, así que supo de inmediato de qué se trataba. Cuando le informó al abusador, éste le dijo que no tenía dinero, que su pareja estaba embarazada y era el único bebé del que pensaba hacerse cargo.

“Yo le dije que ese no es problema mío, porque yo no le dije a él que me hiciera esto”, dice “Nicolle”, quien ante la situación que enfrentaba contó a sus padres sobre el abuso.

Nicolle no está segura de poder continuar sus estudios una vez que de a luz a su bebé porque debe trabajar para garantizar su manutención | Foto: NI

El papá de la adolescente no le creyó, pues asume que el embarazo es producto de una relación consentida. Su mamá en cambio, fue a casa del abusador a reprochar lo sucedido, pero según la adolescente, la señora fue recibida por la hermana del hombre, que la insultó y la amenazó de muerte. Desde entonces la familia decidió no interponer denuncia y asumir las consecuencias del abuso sexual.

“Nicolle” está clara que le toca la dura tarea de criar a un hijo aún cuando ella misma no se ha convertido en adulta. Siente miedo, “esto no es lo que yo quería, yo no lo pedí”, dice en un reclamo que encuentra como respuesta el silencio gubernamental de un país que vive con “normalidad” su alta tasa de embarazos en niñas y adolescentes.

El país de las niñas embarazadas

Nicaragua es el segundo país con la tasa más alta de embarazos tempranos, según el UNFPA, que indica que por cada mil mujeres embarazadas, 98.2 son adolescentes de entre 15 a 19 años.  La abogada Eyling Cruz, considera que esta estadística responde a la alta incidencia de delitos como la violación agravada o el estupro. 

El Código Penal establece en su artículo 168, que toda relación sexual con una menor de 14 años se califica como violación, delito que será castigado con penas de 12 a 15 años de prisión, mientras que el artículo 170, establece la figura de estupro, cometida por los mayores de edad que sostienen relaciones sexuales con personas mayores de 14 años y menores de 16, sin necesidad de hacer uso de violencia e intimidación. 

Hospital Berta Calderon, de referencia nacional para atención a embarazadas | NI

Cruz califica como “consentimiento viciado” la costumbre de aceptar relaciones con diferencias marcadas de edad en zonas rurales del país. La adolescente “está en una etapa de su desarrollo integral donde no tiene la capacidad de decidir y elegir una pareja, entonces aquí se violenta su indemnidad sexual y su desarrollo”, advierte. 

Pero esta abogada también cuestiona el papel de las autoridades, pues deja claro que, aunque existan las leyes que permiten castigar estos delitos, el problema principal radica en la aplicación.

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Morir en la sala de partos

        Imagen referencial

El Ministerio de Salud de Nicaragua informó el 1 de agosto de 2021 sobre la muerte de una niña de 13 años por “complicaciones postparto” tras haber dado a luz a una bebé. La niña era originaria de Laguna de Perlas, Región Autónoma del Caribe Sur. 

Según las autoridades, la menor de edad presentó “posterior al alumbramiento, sangrado abundante”. El personal de salud tomó medidas para “controlar la hemorragia, pero entró en shock severo”.

Según la nota de prensa oficial, el corazón de la niña se detuvo a causa de una “hemorragia postparto, por desgarro de útero, más atonía uterina”, es decir, que el útero no se contrajo tras el parto.

Son complicaciones que en reiteradas ocasiones han advertido médicos especialistas cuando se habla de embarazos en niñas y adolescentes.

Sin embargo, desde 2006, en Nicaragua se estableció la prohibición del aborto en el Código Penal, incluso en casos de violación, incesto, embarazos con riesgo para la vida o la salud de la madre y malformación grave del feto.

Esta prohibición se suma a una gran cantidad de factores que llevan a una terrible estadística. Cada día, 5 niñas menores de 14 años son obligadas a ser madres. 

La muerte de la adolescente caribeña fue solo un reporte más en los registros hospitalarios, porque Cruz cuestiona lo que se hizo después; nada.

“Aquí hay una situación notoria, si esta niña tenía 13 años (..) esta niña fue víctima primero de una violación agravada según el Código Penal en concordancia con la Ley 779, y era obligación de las autoridades realizar una investigación de oficio para determinar quién fue el autor de esa violación agravada”, manifiesta.

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Las autoridades nunca informaron sobre ningún acusado. La noticia murió junto con la niña y su historia de abuso que nunca alcanzó a conocerse.

Por su parte, Reyna Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia recuerda un caso que tuvieron que atender hace solo un par de años.

Una adolescente de 15 quedó embarazada, “fue golpeada por el novio y el feto lo tenía muerto en su vientre y para nosotros fue toda una odisea pedir permiso a la Procuraduría y al Ministerio de Salud para que le pudieran hacer un aborto a esa niña”, indicó.

La negación del aborto, incluso en condiciones tan delicadas para la vida de la madre, representa para las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, uno de los peores retrocesos en la legislación nicaragüense. 

“¿Qué es lo que tenemos?; una joven en total indefensión, muchas veces dejan a los niños regalados, tenemos que aceptar esa dureza total o se lo dejan a la mamá, a que la mamá termine de criar al nieto, esa niña no está preparada para asumir esa responsabilidad”, señala Rodríguez.

Mujeres traumatizadas y niños abandonados

Michelle Muñoz quedó embarazada a los 13 años | Foto: NI

Michelle Muñoz, vive en una zona rural de Chinandega. Construyó una casita improvisada con plástico negro y trozos de madera vieja en un terreno abandonado que le regaló su tío. Tuvo su primer hijo a los 14 años, solo tenía 13 cuando quedó embarazada.  Los padres de Michelle la abandonaron y una de sus tías asumió su cuidado.

“Ella tenía tres hijos, y yo era esclava de esos tres hijos, cuando yo no hacía lo que me decían, cuando no lavaba, me pegaban y entonces decidí irme, pensé que iba a ser una vida mejor”, nos cuenta.

Sin embargo, las cosas solo empeoraron. La familia de su pareja también la maltrataba y con un bebé en brazos, la adolescente huyó de nuevo y estableció una nueva relación con otro hombre.  “Igual él me golpeaba, consumía drogas, me dejaba encerrada, me amarraba, no me daba de comer, no quería que evitara (planificara) y otra vez salí embarazada”, relata.

Tenía 15 años cuando tuvo a su segunda hija. Michelle estaba devastada con el nuevo embarazo.“Cuando yo salí embarazada yo me asusté porque realmente yo no quería eso, yo quería estudiar”, asegura.

En sus dos embarazos tempranos, Michelle confiesa que fue una tarea desafiante. “Prácticamente aprendí sola, yo aprendí de un día a otro cómo poder criar a un niño o poder consolar a un niño”, nos dice.

El segundo embarazo fue el más difícil porque para entonces los traumas acumulados afectaron su estabilidad emocional. “Cuando yo la tuve prácticamente la aventaba, no quería que estuviera cerca de mí, después los doctores me dijeron que yo había caído en depresión y que era normal que yo hiciera todo eso con la niña, yo hacía todo eso porque yo creía que todas las cosas que me había hecho el papá eran por su culpa, yo pensaba así porque fue algo doloroso”, relata la joven.

Michelle finalmente decidió entregar a su hija a una de sus tías. Le costó mucho trabajo poder cambiar la forma en que miraba a la niña y volver a establecer lazos con ella. Fue gracias a la ayuda local que ofrece el Movimiento Autónomo de Mujeres, una de las decenas de organizaciones perseguidas por el gobierno de Daniel Ortega, que logró tener apoyo psicológico para sobreponerse. 

Ahí, enseñaron a Michelle a procesar sus conflictos emocionales, sin embargo, dice que es imposible para ella ahora poder retomar la custodia de su hija. “La situación económica no me deja, prácticamente no tengo agua, no tengo luz, el alimento a veces falla”, manifestó.

Michelle tiene varios trabajos informales para mantenerse junto a su hijo y su actual pareja. Por las mañanas le toca hornear pan y salir a venderlo por la tarde, mientras que los fines de semana vende repochetas y tacos.

Michelle tiene ahora 17 años, pero cuando le preguntamos si ha pensado en volver a estudiar y cumplir su sueño de ser ingeniera, su respuesta es contundente: “Sé que aún tengo la oportunidad, pero ya perdí las ganas de estudiar”, dice al final de un relato estremecedor que hace pensar sobre la realidad de las niñas en Nicaragua.

No es prioridad del Estado

Nicaragua es parte de los países que ratificó la Convención de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes y cuenta con instrumentos legales y jurídicos para brindar protección, sin embargo, fuentes consultadas por este medio coinciden en algo: la atención a niñas, adolescentes y mujeres no es prioridad del Estado, porque este está enfocado en otros temas de agenda.

Para Reyna Rodríguez, el Gobierno de Daniel Ortega ha puesto su interés en el tema político. “Por un lado el Gobierno se apropia de mantenerse en el poder cueste lo que cueste a través de la Policía, el Ejército, las instancias del Estado (…)  entonces los problemas sociales están aislados en este contexto”, indica. 

Rodríguez hace un pronóstico desalentador: “En 2024 la situación del embarazo en adolescentes empeorará”. Miles de reos comunes han sido liberados por el gobierno, incluidos abusadores sexuales. 

¿Qué se puede hacer ahora?

Periodistas y activistas apuestan por llenar la ausencia del Estado para incidir sobre la prevención del abuso sexual y los embarazos tempranos. “Creo que en la medida en que las y los periodistas estén trabajando más este tema, en esa medida la población va a ir comprendiendo que se trata de un tema de derechos, que se trata de un tema de que no es natural que un hombre de 25 años, de 26 años, de 18 años, embarace a una niña de 10, de 8, de 13 años o de 14 años, que esto constituye un delito”, indica Maryorit Guevara, periodista especializada en coberturas de género.

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Guevara cree que el papel de los medios es fundamental para que “la población pueda ir cambiando su forma de ver la problemática”. A pesar de eso reconoce que no solo depende de los medios de comunicación, y que debe involucrarse el aparato estatal con el sistema educativo y el sistema de acceso a la justicia.

Aunque estos problemas sociales prevalecen en casi toda la región latinoamericana, algunos países vecinos como Costa Rica, Panamá y Belice han logrado articular esfuerzos con las organizaciones de sociedad civil para reducir los índices negativos. Esas experiencias hacen creer que hay posibilidad de lograr cambios efectivos, siempre y cuando exista voluntad política y preocupación real por incidir positivamente en la vida de las niñas.

El UNFPA aconseja que los países promuevan un abordaje integral que combine diferentes intervenciones, como remover barreras legales de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y que estos sean amigables con la adolescencia, extender su cobertura, poner a disposición métodos anticonceptivos modernos y facilitar la educación sexual integral, así como diseñar estrategias de prevención y atención de la violencia sexual.