El Consejo Superior de la Empresa Privada Cosep, principal asociación patronal del país, mantiene silencio sobre el allanamiento que vive el diario La Prensa desde este viernes por parte de autoridades gubernamentales, a pesar de ser esta una empresa privada.
Sobre el medio de comunicación se cierne el riesgo de confiscación a como ha sucedido con otros allanados por el gobierno, luego que la Policía anunciara que se inició un proceso investigativo por delitos de defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes y activos.
El allanamiento de La Prensa duró casi 20 horas e incluyó el decomiso de equipos tecnológicos, computadoras, archivos contables y documentación no precisada aún, según informó el periodista Carlos Fernando Chamorro, Director de Confidencial e integrante de la familia propietaria del periódico.
Este sábado la policía oficializó la captura de Juan Lorenzo Holmann, gerente general del Diario.
Daniel Ortega condena de antemano al diario La Prensa
La última publicación del Cosep en sus redes sociales fue una aclaración en la que desmentían un arte que circulaba bajo sus emblemas y que indicaba que el empresariado estaba satisfecho con las sanciones impulsadas por Suiza contra Rosario Murillo y otros funcionarios nicaragüenses.
“Circula en redes sociales información falsa, atribuida al Sr. Michael Healy, presidente del COSEP. Aclaramos al pueblo de Nicaragua, que toda nuestra comunicación oficial se hace pública a través de nuestros canales autorizados y nuestras redes sociales”, dijo la gremial, pero no ha habido tanta diligencia para condenar lo ocurrido contra una de las que sería una de las empresas más antiguas del país, Editorial La Prensa S.A que tiene 95 años de existencia.
La reacción internacional ha sido muy clara en denunciar y condenar la intervención del diario La Prensa. Pero es mas notable las voces silenciosas de los que quedan dentro del país, particularmente los empresarios privados quienes han aprendido a convivir con Daniel Ortega.
— Tifani Roberts (@TifaniRoberts) August 14, 2021
“La reacción internacional ha sido muy clara en denunciar y condenar la intervención del diario La Prensa. Pero es más notable las voces silenciosas de los que quedan dentro del país, particularmente los empresarios privados quienes han aprendido a convivir con Daniel Ortega”, cuestionó en sus redes sociales la periodista de Univisión Tifani Roberts.
Empresarios presos
El expresidente del Cosep José Adán Aguerri permanece detenido desde hace dos meses bajo supuestos delitos contra la soberanía, mientras el actual presidente de ese órgano Michael Healy ha mantenido un bajo perfil desde que inició la ola de arrestos contra opositores y no se le ha visto públicamente.
Además de Aguerri también se encuentra detenido el gerente general del Banpro Luis Rivas Anduray y el empresario televisivo Miguel Mora quien está además adscrito a AMCHAM. Decenas de empresas, incluyendo Casa Pellas, parte del conglomerado empresarial de una de las familias más ricas del país, han sido citados a fiscalía vinculados a un caso de supuesto lavado de dinero y anomalías financieras que se entabló contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y FUNIDES.
Gerente General del diario La Prensa es llevado a Auxilio Judicial
En este último caso se aplicó restricción migratoria y congelamiento de cuentas bancarias contra al menos 13 exdirectivos, que son prominentes empresarios y directores de importantes grupos empresariales del país.
El fin de un pacto público- privado
El sector empresarial mantuvo relaciones extremadamente cercanas con Daniel Ortega durante los primeros 13 años de su gobierno. Fue hasta abril de 2018 cuando el caudillo sandinista ejecutó una reforma a la seguridad social sin consultarles que estas relaciones se fragmentaron.
Ortega dijo en un discurso público en 2019 que los empresarios se beneficiaron de los cuestionados proyectos “de cooperación” con Venezuela ejecutados a través del ALBA y dijo tener pruebas de que ellos “disfrutaron y se enriquecieron” con esos fondos.
Los procesos confiscatorios son los más riesgosos para la empresa privada pues afectan el clima de negocios y ahuyentan la inversión extranjera directa. Desde 2018 a la fecha, el gobierno de Daniel Ortega ha confiscado dos medios de comunicación y más de 11 organizaciones de sociedad civil. Los montos de lo confiscado no ha sido dado a conocer en ningún reporte, pero podrían convertirse en deuda pública a como sucedió con las confiscaciones ejecutadas en la década de los 80 cuando Ortega y varios exguerrilleros sandinistas se hicieron con lujosas mansiones que siguen siendo pagadas de los impuestos de los nicaragüenses.
Nicaragua Investiga
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