¿Regresó la noche oscura? Confiscación de propiedad privada: La vieja práctica del gobierno sandinista

En un intento represivo y desesperado por los acontecimientos que ocurrieron en abril de 2018, el regreso de las ocupaciones de propiedades privadas por parte del gobierno sandinista se volvió a dar, aún a pesar de estar prohibidas por la Constitución Política de Nicaragua. Esta es una vieja práctica del hoy mandatario Daniel Ortega, y que ha sido muy criticada desde los años 80, cuando un buen grupo de sandinistas se adueñaron de propiedades que no le pertenecían.

La ocupación ilegal de Confidencial, del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), del Canal 100% Noticias, y de dos oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), ya se concretaron al inaugurarse centros rehabilitación y casas maternas. Estas confiscaciones vienen a marcar nuevamente un hito en la historia de Nicaragua.

El político opositor, José Pallais, señala que las apropiaciones ilegales siempre terminan propiciando la corrupción y daña la economía nicaragüense. Y “como resultado de las consecuencias dolorosas, trágicas que tuvo para la economía del país, la convivencia y para el Estado de Derecho, son todas las confiscaciones que el régimen (sandinista) desarrolló en los años 80 que trajo también un acto de corrupción desbordada”, señala el analista político.

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La vieja práctica de confiscar propiedades

Cuando la caída de la dictadura somocista estaba reciente, un 20 de julio de 1979, se aprobó el Decreto N° 3 que confiscaba las propiedades y bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios que abandonaron el país a partir de diciembre de 1977. Esta fue la luz verde para que los sandinistas se apropiaran a su gusto y antojo de los bienes que hasta hoy siguen gozando.

El decreto fue firmado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que estaba conformado por Violeta Barrios de Chamorro, Sergio Ramírez Mercado, Moisés Hassan, Alfonso Robelo Callejas y Daniel Ortega.

Según la Revista Envío, a través de decretos de confiscación, el gobierno sandinista dispuso de unas 350 empresas industriales y comerciales, de unas 7 mil viviendas y lotes. El Estado asumió el control de las empresas y empezó a entregar títulos de dominio para uso –pero no para que fueran vendidas– de viviendas y lotes ubicados en repartos populares a partir de 1985.

El exministro de Finanzas Emilio Pereira envió una carta al secretario del FSLN para sugerir que si el gobierno tuviera una lista de los «piñateros», esto «reduciría enormemente la incertidumbre de aquellos que no abusaron de la ley». La Dirección Nacional respondió que supuestamente no tiene esa información.

La Reforma Agraria

En 1990, cuando el Frente Sandinista fue derrotado electoralmente por la Unión Nacional Opositora (UNO), los dirigentes sandinista reconocieron que no podían vivir fuera del poder y que supuestamente el partido no tenía los recursos para financiar las estructuras en todo el país. En tres meses para entregar la presidencia, se apresuraron para aprobar un combo de leyes conocida como la «Reforma Agraria». Se trataba de la Ley 85, 86 y 87.

El gobierno sandinista legalizó la posesión de casas y lotes urbanos que aún estaban bajo propiedad del Estado a las familias que los ocupaban con diferentes títulos a través de las Leyes 85 (casas) y 86 (lotes). La Oficina de Ordenamiento Territorial (OOT) estimó que a nivel nacional hay unos 11 mil beneficiarios de la Ley 85 y 100 mil de la Ley 86.

Jaime Wheelock Román, quien fue uno de los dirigentes del Frente Sandinista, era el ministro de Desarrollo y Reforma Agraria (MIDINRA). Wheelock aseguró a la Revista Envío que con esta reforma se distribuyó alrededor de 6 mil propiedades agrícolas, que sumaban en total unos 3 millones de manzanas.

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Según Wheelock, unos 2 millones 300 mil manzanas fueron distribuidas aproximadamente a 80 mil familias. Con las 700 mil restantes se conformaron las corporaciones agrícolas del Área Propiedad del Pueblo (APP). Al menos 300 mil quedaron supuestamente abandonadas por encontrarse en zonas de guerra.

Esta cifra del área total del APP contrasta significativamente con la misma cifra dada por el MIDINRA durante el gobierno sandinista: «en 1988 cifró el área APP en 948 mil 200 manzanas. Algunas devoluciones a ex-dueños hechas en los últimos años del gobierno sandinista podrían explicar algo esta diferencia», dice el artículo de la Revista Envío.

No quisieron regresar lo robado, los nicaragüenses pagan

En el año 1992, cuando Violeta Barrios era presidenta de Nicaragua (1990-1997), firmó tres decretos que establecían la devolución, o indemnización, de los bienes confiscados injustamente por el régimen sandinista desde 1979, tras el derrocamiento de la dictadura somocista, hasta su derrota electoral en 1990.

La decisión adoptada por la presidenta nicaragüense, pudo alcanzar a un total de 16.000 propiedades, las cuales se atribuyeron los dirigentes sandinistas en la última etapa de su gobierno. Para esa fecha, el exministro de Justicia, Augusto Vargas Sandino, justificó que Chamorro firmó los decretos para “corregir los males cometidos contra la propiedad por el régimen sandinista”.

El ministro de Justicia se rehusó a colaborar y defendió que los bienes confiscados a los Somoza y sus allegados “no están sujetos a revisión, ni a devolución”. Además señaló que las propiedades en poder de campesinos, debidamente legalizadas, y aquellas afectadas por el gobierno por ser de interés social, tampoco estarán sujetas a devolución, “pero los antiguos propietarios que las reclamen pueden ser indemnizados con acciones de corporaciones públicas”, defendió Vargas Sandino.

“Personas individuales se quedaron con esos bienes para su beneficio personal. No fue que se distribuyeron para el interés nacional o ponerlo al servicio público”, afirma Pallais, quien agrega que la piñata salió del bolsillo de los nicaragüenses y que aún se sigue pagando por la indemnización. “Miles de millones de dólares le ha costado el sudor al pueblo de Nicaragua pagar esos actos de corrupción”, apuntó.

Aproximadamente 1,300 millones de dólares son los que se continúan pagando por la ocupación de propiedades privadas que se tomaron los altos mandos del Frente Sandinista.

Hasta 1990 se conoció que habían entre 5 mil y 6 mil casos de reclamos en la Procuraduría. De ellos, según la Presidencia de la República, 4,500 reclamos sobre 16 mil propiedades urbanas y rurales, bienes inmuebles, ganado, acciones y vehículos, han sido «resueltos favorablemente» por decreto de la presidenta Chamorro.

¿Desde cuándo se prohíbe la confiscación de propiedades?

La Constitución Política de Nicaragua de 1987, establecía una manera clásica de tomar la propiedad de los privados, era mediante la figura de la confiscación. Las reformas constitucionales posteriores a partir de 1995 eliminaron esta forma jurídica de confiscar.

Actualmente se prohíbe cualquier tipo de confiscación. “Los nicaragüenses tienen derecho a la propiedad personal que le garantice los bienes necesarios y esenciales para su desarrollo integral”, era lo único que se leía en el artículo 44 para esa fecha.

En 1995, dicho artículo de la Constitución Política fue reformado y se prohibió la confiscación de propiedades privadas. Se lee que los bienes inmuebles solo “por causa de utilidad pública o de interés social pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley, pago previo en efectivo de justa indemnización”. También reza que los funcionarios que infrinjan esta disposición responden con sus bienes en todo el tiempo por los daños inferidos.

¿Pagarán los nicaragüenses las recientes confiscaciones?

María Asunción Moreno, jurista y académica, señala que la ocupación ilegal ejecutada a la fuerza constituye una flagrante violación al derecho a la propiedad privada, por lo que se está arrebatando los bienes inmuebles como consecuencia de la represión a la libertad de prensa. Ella se refiere a la confiscación de los edificios de Confidencial y 100% Noticias, que mediante un operativo al estilo “manu militari” fueron ocupadas estas oficinas.

«Tienen derecho a reclamar su propiedad y a ser indemnizados por los daños ocasionados por estos actos ilegales que iniciaron con el allanamiento ilegal realizado por la policía hasta la ocupación ilegal, es oportuno señalar que aunque ahora los dueños se encuentren en un estado de indefensión ya que el sistema de justicia no da respuestas a las acciones que se interponen», señala Moreno.

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Agrega que el Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor. «El Estado exigirá las responsabilidades legales correspondientes a los funcionarios o empleados públicos causantes de la lesión», expone Moreno.

José Pallais asegura que las confiscaciones de Confidencial, 100% Noticias y de las demás organizaciones tienen derecho a reclamar su propiedad y el Estado debe retribuirlas. «No hay base legal para esa vulgar y descarada confiscación. En el futuro tienen que indemnizarse o devolvérsele a su legítimo propietario», concluyó el analista político.