Con gritos y pancartas de “muera la ley mordaza”, periodistas de cuatro ciudades de Bolivia se declararon en emergencia y se movilizaron para rechazar dos proyectos de ley que según ellos atentan contra la libertad de prensa y la libertad de expresión.
El sector considera que ambas normativas impulsadas por el oficialismo buscan suprimir las garantías de los tribunales de imprenta para acusar a los periodistas y también criminalizar la libre expresión.
En entrevista con la Voz de América desde la protesta en Cochabamba, en el centro de Bolivia, la presidenta de la Asociación de Periodistas, Elizabeth Arrázola, dijo que los proyectos están redactados para que las personas “tengan miedo de opinar”.
“Los periodistas de todo el país nos hemos unido para rechazar esto porque se está violando derechos fundamentales, y todos sabemos que si no hay libertad de opinión, de ideas, no hay democracia. Es absurdo que lancen una ley de ese tipo con tanto irrespeto a la misma Constitución Política y a tantos tratados a los que está suscrita Bolivia”, declaró
En una reciente entrevista con el canal de televisión Cadena A, el presidente boliviano Luis Arce criticó que el sector se movilice sin antes dialogar y que incluso en algunos casos se trata de “unos casos exagerados de libertad de expresión”.
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“Estamos extrañados por eso, porque nunca ha sido la intención del gobierno nacional tratar de dañar la libre expresión. Los periodistas están en su derecho de hacer movilizaciones posteriormente si no son escuchados, pero primero hay que sentarse”, dijo Arce.
Mientras tanto la senadora de la opositora Creemos, Centa Rek, criticó que se promuevan estas normativas porque, según explicó, buscan “clausurar las voces plurales”:
“Es en realidad una ley hecha a la medida para que el gobierno de alguna manera busque que no exista una libre información ni libertad de expresión”.
El artículo 281 del proyecto “Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos” 305, uno de los más polémicos, menciona que “serán sancionadas con tres a siete años de prisión las personas que difundan por cualquier medio ideas basadas en la superioridad racial, que promuevan o justifiquen el racismo, que se difundan discursos de odio o cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio de comunicación o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Legisladores de las bancadas opositoras de Comunidad Ciudadana y Creemos, junto a una facción del Movimiento Al Oficialismo que, por disputas internas cuestiona al gobierno, desahuciaron estos proyectos de ley al considerar que “atentan contra las libertades establecidas en la Constitución”.
En La Paz, los manifestantes hicieron un plantón frente a la casa de gobierno de Bolivia. También colocaron sobre el piso sus grabadoras y cámaras ante la mirada de los policías que los observaban frente a las sedes del Ejecutivo y del Legislativo, en el centro de La Paz, y calificaron el proyecto de “ley mordaza”.
Algunos que trataron de entrar a la plaza frente al palacio de gobierno fueron desalojados por la policía con gases lacrimógenos.
La relación entre la prensa y los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) ha sido siempre tensa y el gremio de periodistas denunció varias veces agresiones por parte de sindicatos afines a la administración nacional.
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