Dos periodistas del medio de investigación La Posta abandonaron el país de manera urgente para garantizar su seguridad luego de recibir amenazas de muerte, según anunció el martes dicho medio de comunicación.
Andersson Boscán, cofundador del medio de comunicación, y la periodista Mónica Velásquez huyeron ante “concretas y preocupantes amenazas a su seguridad personal y familiar” a razón de sus investigaciones, informó el diario en un comunicado.
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“Esta dura decisión se ha tomado, tras una responsable evaluación de los hechos, la confrontación de distintas fuentes y la sugerencia de representantes de la seguridad internacionales” acotó el comunicado.
La Posta denuncia el “ambiente peligroso y hostil” que atraviesa el periodismo ecuatoriano “amenazado por el crimen organizado y por un Estado que se ha convertido en un peligro, más que en una garantía natural”.
Organismos defensores de la libertad de expresión y de prensa han reaccionado a los hechos; Fundamedios dijo que los periodistas amenazados «Dejaron Ecuador , con destino a un país seguro».
La Posta asegura que las amenazas a su personal están relacionadas con el trabajo de investigación periodística que realiza la publicación sobre las estructuras del crimen y de casos de corrupción en el país.
En marzo de esta año la periodistas Karol Noroña del medio GK debió abaondanar Ecuador bajo amenazas de muerte.
GK dijo en su momento que “tuvo que activar un protocolo de seguridad y poner en marcha un operativo de emergencia para sacar del país” a la reportera amenazada que cubrìa temas relacionados con la crisis carcelaria del país y las actividades del crimen organizado.
La administración del presidente Guillermo Lasso enfrenta estos días una crisis de inseguridad que ha llevado a decretar el estado de excepción en varias regiones del país, luego del asesinato del popular alcalde de la ciudad de Manta, Agustín Intriago, y un nuevo motín carcelario con decenas de fallecidos.
El gobierno ecuatoriano no se ha pronunciado aún sobre la salida forzada de los periodistas mencionados que señalan la co-responsabilidad del Estado en la falta de garantías para el libre ejercicio del periodismo.
La VOA solicitó un comentario al Consejo de Comunicación, instancia de Estado que atiende estas problemáticas.
El año pasado, se aprobó una ley especial para proteger la libertad de expresión y a los periodistas, pero el país ha escalado en una ola de violencia relacionada por las disputas entre bandas del crimen organizado y la “guerra” decretada desde el aparato de seguridad del Estado.
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