El Salvador: advierten sobre excesos de las autoridades en lucha contra pandillas

Abogados reconocen necesidad de combatir a las pandillas en El Salvador, pero señalan que el régimen de excepción ha generado excesos con detenciones arbitrarias de personas inocentes

La extensión hasta el 27 de mayo del régimen de excepción en El Salvador tiene el respaldo de la mayoría de la población, pero algunos abogados señalan errores en el método para aplicar las masivas detenciones de personas acusadas de ser miembros de pandillas y cometer delitos graves.

Según el abogado Eduardo Escobar, la medida es constitucional en casos de graves perturbaciones de orden público y nadie está en contra de la lucha contra la criminalidad, pero se han visto detenciones arbitrarias de personas que no tienen vínculos con pandillas.

“Lo que nosotros hemos cuestionado es la forma en que ha hecho esto el gobierno, no cuestionamos que se combata la criminalidad”, declaró.

Por otra parte, el alcalde de San Salvador, Mario Durán, considera que la medida servirá para seguir haciendo frene a delitos de extorsiones, homicidios y robos que, según las autoridades, cometen los grupos pandilleros.

Amnistía Internacional denuncia «tormenta perfecta» de violaciones de DDHH en El Salvador

“Felicitamos a los diputados y al liderazgo del presidente Nayib Bukele. Esto es importante reconocerlo. Se ha hecho una labor titánica, ha habido mas días sin homicidios en El Salvador”, dijo Durán.

También hay ciudadanos que mantienen la esperanza en que la suspensión de garantías, como la inviolabilidad de la correspondencia y ampliar el período de detención administrativa a 15 días, ayuden capturar a quienes siembran la inseguridad en comunidades vulnerables.

“El salvadoreño ahorita se está sintiendo tranquilo y está sintiendo la seguridad de no tener a estos muchachos en las calles”, dijo un salvadoreño.

El estado de excepción y emergencia nacional en El Salvador estaba vigente desde el 26 de marzo y vencía el domingo, pero el Congreso aprobó su extensión por 30 días más.

Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no puede exceder de 30 días, y transcurrido este plazo puede prolongarse por igual período y mediante un nuevo decreto.

Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han criticado duramente la medida y la prórroga.

Amnistía llamó a la comunidad internacional a evitar una crisis en El Salvador y considera que la lucha contra las pandillas ha sido la “tormenta perfecta” para la violación de los derechos humanos.

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