Cuando Elena entró por primera vez al interior de la prisión para mujeres en El Salvador conocida como “Cárcel de Mujeres” no se imaginó que dormiría en el suelo. La celda asignada para su reclusión ya tenía 60 mujeres y la capacidad era de 20. Este caso fue documentado por la organización de derechos humanos Cristosal, con sede en San Salvador, cuya función es explicar el nivel de hacinamiento que hay en las cárceles salvadoreñas actualmente.
La sobrepoblación en las cárceles de El Salvador no es un tema nuevo, pero sí más agudo ahora: el año pasado el sistema penal tenía la capacidad para recluir a 30.864 personas, y sin haber construido un nuevo penal, ahora tiene un aproximado de 94.000 presos.
“Hay un hacinamiento extremo en el país, y esto implica que el Estado tiene que tomar medidas extremas para asegurar que las personas no se encuentren en riesgo, caso contrario asume una responsabilidad directa”, dijo a la Voz de América, Zaira Navas, jefa jurídica de Cristosal.
Pero, ¿por qué El Salvador es llamado por organizaciones de derechos humanos ‘el país con la tasa más alta de presos en el mundo’? La respuesta es el régimen de excepción en el que lleva siete meses.
El último fin de semana de marzo las pandillas, que aparentemente habían sido golpeadas con el plan de seguridad estrella del gobierno salvadoreño llamado ”Plan Control Territorial”, masacraron a 88 ciudadanos en tres días.
Ante la emergencia, el gobierno de El Salvador pidió a la Asamblea aprobar de inmediato un régimen de excepción con el que pudiera sitiar comunidades históricamente peligrosas y capturar a los pandilleros y sus colaboradores.
Las pandillas pararon la matanza. Pero el régimen que se mantiene vigente lleva 55.061 capturados. Un número que junto a los 39.500 presos que había antes del régimen sobrepasa la capacidad de los penales tres veces.
“Las cárceles, lejos de cumplir con el fin preventivo especial de la resocialización del delincuente, se han caracterizado por exhibir hacinamiento, insalubridad, desnutrición, enfermedades, epidemias y carencias de materiales de todo tipo, incluyendo personal penitenciario idóneo”, indicó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) en un informe sobre derechos humanos de los privados de libertad.
Elena como otros reos viven esa insalubridad a diario. Cristosal lleva meses documentando testimonios de personas que fueron recluidas en celdas sin acceso a agua para consumo o aseo personal.
Aunque la situación varía en cada celda y penal, en “Cárcel de Mujeres” las condiciones de reclusión son catalogadas como “inhumanas y degradantes” por la oenegé.
Elena es una de las mujeres entrevistadas por Cristosal cuyo nombre real fue resguardado. El caso de la mujer da cuenta de que el acceso a los servicios sanitarios está restringido. “No hay acceso a cualquier hora sino en un horario específico: una vez por la mañana para orinar y una vez por la noche para defecar”. Esto debido a la falta de espacio y de agua, revela la organización en su último informe.
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Asimismo no hay comunicación regulada entre los reos y sus familias. Lo poco que los familiares conocen sobre los detenidos es el penal en el que se encuentran. A otros con menos suerte les toma días averiguar el paradero de su familiar detenido.
La administración de los penales como el de Mariona en San Salvador coloca hojas con mensajes informando los horarios en los que familiares puede llevar los kit de limpieza, los medicamentos o los alimentos. Los paquetes los venden afuera de los penales y varían de precios: desde los 50 dólares hasta los 100 dólares. En un país cuyo salario mínimo es de 360 dólares.
Aunque la capacidad en los penales ya fue sobrepasada, el gobierno ejecuta grandes traslados de reos de un penal a otro como el ocurrido en septiembre de un grupo de hombres trasladados a Cárcel de Mujeres.
“La sobrepoblación como el hacinamiento incrementan los riesgos de que se produzcan situaciones de emergencia, provocan tensión y violencia intracarcelaria, y generan repercusiones negativas o afectaciones en el acceso a servicios”, expuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una opinión consultiva publicada en mayo de este año.
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La primera vez que se usó el encarcelamiento masivo de pandilleros como estrategia de seguridad fue en 2003, cuando el país centroamericano registraba 6.000 pandilleros activos.
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Hoy, que los grupos de pandillas suman 86.000, de acuerdo con cifras del presidente salvadoreño Nayib Bukele, la estrategia se repite, pero con más fuerza. Unas 300 personas han sido arrestadas cada día, las sentencias de prisión fueron incrementadas y hay casos en los que pandilleros que cumplieron su condena fueron recapturados.
En las cárceles, las imágenes difundidas por el gobierno muestran las duras condiciones de encierro en las que se encuentran los capturados. Algunas personas aglomeradas, otros sin colchones para dormir y por orden del presidente las raciones de comida se redujeron a dos por día.
“Los criminales que han causado luto y dolor a los salvadoreños van a estar en condiciones de penumbra”, dijo hace unos meses Osiris Luna, director de las cárceles salvadoreñas.
Nicaragua Investiga
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