Un total de 11 centros de mediación en todo el país, nueve de ellos en áreas rurales, fueron desacreditados por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), según se publicó este miércoles 20 de septiembre en La Gaceta, Diario Oficial.
En casi todos los casos, para desautorizarlos, la DIRAC alega que estos centros «no han cumplido con sus obligaciones legales» como la publicación de su última renovación de la acreditación y reportes estadísticos.
Los centros desaprobados son:
- Centro de Mediación La Dalia UCA-Nitlapán, en La Dalia
- Centro de Mediación Nitlapán-UCA de Río Blanco
- Centro de Mediación para la Promoción de la Paz Social Duradera «PRO PAZ», en Chichigalpa
- Centro de Mediación «Claudia Meza», en Managua
- Centro de Mediación «CONSENSUM», en Masatepe
- Centro de Mediación de la Universidad del Valle (UNIVALLE), en Managua
- Centro de Mediación «Camino Mulukukú», en Mulukukú
- Centro de Mediación «San Pedro de Metapa», en Ciudad Darío
- Centro de Mediación «Tu Mano Amiga de Quilalí», en Quilalí
- Centro de Mediación y Arbitraje «TEMIS», en Jinotega
- Y el Centro de Mediación Rubén Darío de Juigalpa, en Juigalpa
En el caso de los centros adscritos a Nitlapán-UCA, la DIRAC también argumenta que dejó de existir la Universidad Centroamericana (UCA).
La descalificación de estos centros de mediación, especialmente porque la mayoría están ubicados en zonas pobres y rurales, afectará el acceso a la justicia de los campesinos que habiten en esos territorios, pues en los mismos los complejos judiciales no son cercanos a las comunidades, criticó la defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez.
«Es un golpe bajo al campesinado, porque el de la ciudad tiene oficinas de mediación para escoger, pero en las zonas rurales al campesinado lo están cercenando del derecho a poder acceder a un beneficio que la ley le da al ciudadano, que no lo puede dar el gobierno porque no ha tenido la capacidad ni ha tratado de promoverla y otras personas lo promovieron. Ahora, los campesinos quedan sin solución y habrá aumento de los delitos porque no habrá quién haga las mediaciones», lamentó Martínez.
Prestigio y buen servicio
La abogada Martínez recordó que la mediación es un elemento importante en la sociedad porque evita que muchos conflictos llegue hasta el poder judicial.
Los casos que ventilados en los centros de mediación ahora desautorizados por la CSJ, resolvían problemas pequeños como pleitos vecinales o agresiones que no llegaban a ser delitos, explica Martínez.
«De que me queda viendo feo, que me tira chifletas. Son faltas de las conductas de las personas, delitos que son mediables, que estaban estipulados en el Código Penal, el principio de oportunidad, delitos que se pueden llegar a un arreglo», manifestó.
Los centros de mediación denigrados ayudaban a que los juzgados no se llenaran de casos no graves, como los robos de gallinas. «Al no haber centro de mediación, hay que ir a juicio», agregó la jurista.
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Como consecuencia, habrá una sobrecarga en cuanto a las causas en los juzgados, un desgaste económico porque serán necesarias más salas y el el juez tendrá más expedientes a su cargo, advirtió.
Lo más lamentable, agregó Martínez, será que el ciudadano, especialmente los campesinos, van a carecer de un servicio que era muy bueno en los centros de mediación desaprobados.
«Eran comunitarios y la gente les tenía confianza. Había buenas relaciones. La mayoría de estos centros eran visitados comúnmente por la población y eran de mucho respeto. Quienes atendían eran personas de amplia trayectoria y de respeto en la población. Se trataba de oficinas legales gratis y el servicio era muy bueno», finalizó diciendo Martínez.
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