El presidente de Daniel Ortega ha presentado al menos dos iniciativas de ley que tienen modelos parecidos a las aplicadas en los países que han tratado de «criminalizar» la libertad de prensa y las redes sociales. La Ley Especial de Ciberdelitos fue la propuesta más reciente y propone entre otras cosas regular el contenido que se difunde por medio de redes sociales y plataformas digitales.
Cuba tiene las leyes más restrictivas de las Américas en cuanto a libertad de expresión y de prensa. La constitución prohíbe la propiedad privada de medios de difusión y permite la libertad de expresión y del periodismo solo si «mantiene los objetivos de la sociedad socialista».
El Comité de Protección a los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) explica que el Código Penal ofrece a las autoridades cubanas una diversidad de disposiciones legales para reprimir y castigar a aquellos que sean abiertamente críticos del gobierno castrista.
Policía realiza labor de asedio y represión contra periodistas y pobladores nicaragüenses. Foto: NI
«En general, el Código Penal aborda tres formas de delitos de difamación: difamación, injuria y desacato a la autoridad», señala el informe del CPJ titulado Leyes penales de difamación en el Caribe.
En el capítulo referente a la Difamación, el Código Penal mantiene una prohibición contra la difamación de cualquier institución de gobierno, organizaciones políticas o «héroes o mártires de la república», siendo castigado con tres meses a un año de prisión o multa.
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El Código Penal de Cuba también sanciona la calumnia, difamación, insulto o injuria «o cualquier otra forma de expresión despreciativa u ofensiva» contra funcionarios públicos de alto rango, con hasta tres años de prisión.
El informe del CPJ destaca que las leyes cubanas incluyen otras disposiciones penales de amplio alcance que han sido usadas para restringir el ejercicio de la libertad de expresión.
«Cuba mantiene prohibiciones contra la difusión de «noticias falsas» con el fin de «perturbar la paz internacional» o «poner en peligro el prestigio del estado cubano o desacreditarlo», un modelo de términos parecido a la iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos de Nicaragua.
«Cientos de personas han sido encarceladas en Cuba por expresar pacíficamente sus opiniones. el hostigamiento, la intimidación, la detención arbitraria y las acusaciones penales continúan siendo usadas para restringir la expresión y distribución de información u opiniones críticas al gobierno», indica el informe.
Brasil aprobó ley contra las «noticias falsas»
En julio de este año se presentó una propuesta de ley en Brasil para contrarrestar la información errónea y las noticias falsas, la cual fue criticada por periodistas, activistas de la privacidad y redes sociales. El presidente Jair Bolsonaro, quien ha estado entre los críticos más duros de los medios de comunicación, y que ha respondido con virulencia cuando los periodistas le hacen preguntas críticas a su gestión.
El Senado de Brasil aprobó la ley un mes después por 44 votos a favor, 32 en contra y dos abstenciones. Los periodistas han sido atacados en las redes sociales, incluso, la Asociación Brasileña de Radiodifusoras de Radio y Televisión indicó que los medios de comunicación recibieron un promedio de 11.000 ataques cada día en las redes sociales en 2019, muchos de los cuales parecían provenir de los partidarios del presidente.
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Bolsonaro fue responsable de más de 100 ataques contra la prensa el mismo año, informó el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. El presidente a menudo utiliza las redes sociales para tratar de desacreditar o agredir verbalmente a periodistas y medios críticos, refiriéndose a los periodistas como «podridos» y «sinvergüenzas».
Bolivia con restricciones a la libertad de expresión
La presidenta interina Jeanine Áñez anuló en mayo de este año un decreto que ampliaba las restricciones a la libertad de expresión en Bolivia. Esto sucedió en el marco de la emergencia por el COVID19 tras críticas de diferentes organismos internacionales y locales.
La ministra de Comunicación Social, Isabel Fernández, escribió en su cuenta de Twitter que el gobierno deroga la disposición del 7 de mayo que ampliaba la sanción penal a las «personas que inciten el incumplimiento de la cuarentena o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa o artística que afecte a la salud pública».
El que exrelator especial de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, Edison Lanza, reaccionó en su cuenta de Twitter que «no es compatible con el Sistema Interamericano el uso del derecho penal para expresiones de interés público. La desinformación se combate con acceso a información pública«, escribió para ese entonces.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos respalda la libertad de prensa
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales.
El Artículo 19 de esta Declaración establece claramente que «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión», señala.
Por otro lado, la Constitución Política de Nicaragua establece en su artículo 66 que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. «Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección».
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