La demanda interpuesta por el periodista Óscar García Vallecillo contra los propietarios de Canal 12 se dio meses antes del embargo interpuesto en contra del medio televisivo. García Vallecillo renunció a dicho canal el viernes 31 de julio por una serie de inconformidades luego de 13 años de laborar en ese medio de comunicación.
“Se me venían violentando los derechos porque se me estaban bajando los salarios de una forma unilateral, entonces eso va contra la ley, va contra mis derechos. Yo reclamé, no me dieron respuesta y entonces yo decidí renunciar, a parte de otras cosas, pues que yo ya no quería estar allí, donde no me sentía a gusto, porque los derechos laborales son derechos humanos y me estaban siendo pisoteados”, explicó en entrevista con Nicaragua Investiga.
“Me habían bajado más del 60% el salario”, aseguró.
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De la vía administrativa a la vía judicial
El 3 de agosto el periodista se presentó a hacer sus 15 días conforme lo establece la ley, pero aduce que la administración presuntamente no se lo permitió y hasta quiso forzarlo “firmar papeles”, entre estos una “carta de despido”. García afirma que se negó a firmar y al día siguiente se dirigió al Ministerio del Trabajo (Mitrab), donde notificó su renuncia, ya que no quería que el empleador alegara “abandono laboral”.
El periodista logró el 11 de agosto una resolución a su favor. El Mitrab le daba a Canal 12 diez días para pagar la liquidación.
El pasado 2 de octubre, dos meses después de haber iniciado su proceso contra Canal 12, y ya agotada la vía administrativa, Óscar García procedió a demandar judicialmente a los dueños del medio.
El periodista logró el 11 de agosto una resolución a su favor. El Mitrab le daba a Canal 12 diez días para pagar la liquidación.
“¿Y mi liquidación qué?”
García no quiere que se confunda su caso con el embargo llevado a cabo el 11 de septiembre por la Dirección General de Ingresos (DGI), la cual le reclama al canal una deuda que asciende a los 28 millones de córdobas.
“Empecé a esperar (que el canal honrara el pago) y cuando miro llega el zopapo de la DGI al Canal 12. Entonces me sentí mal porque dije yo: ‘Juepúchica, ¿y ahora, mi liquidación qué?’”, expresó.
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García asegura que al proceder vía judicial se vio en el dilema de si la hacía iba a ser criticado públicamente, pero si no lo hacía, perdería su dinero.
“No sé si alguien se sitúa en mi posición. Yo no hallaba qué hacer, entonces ya dejé pasar dos meses después de la resolución y ya decidí demandar porque ni siquiera me llamaron, nadie me llamó porque los periodistas valemos reata”, reclamó.
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“Daniel y la Chayo tienen su gente para que les hagan campaña”
En relación a los comentarios en su contra en redes sociales, en los que se le acusa de ser parte de un plan del gobierno de Daniel Ortega contra Canal 12, el periodista reitera que no es simpatizante del FSLN.
“¿Vos creés que yo voy a andar queriendo apoyar al Frente Sandinista si nunca he apoyado al Frente Sandinista o a los liberales si nunca he apoyado a liberadores. Yo he sido periodista, donde he estado siempre he sido periodista”, insistió García.
“Daniel y la Chayo tienen un montón de gente para que les vayan a hacer campaña y yo no soy uno de esos montones de gente, tampoco lo soy de los partidos liberales, y de los partidos Conservador o de los socialcristianos, no lo soy, no soy tampoco miembro ni activista político ni los grupos políticos creados a raíz de las protestas”, enfatizó.
Reclama prestaciones sociales no pagadas
Consultado por NICARAGUA INVESTIGA acerca del monto de la demanda judicial, García aseguró que esta incluye las prestaciones sociales que el Canal nunca le pagó.
“Yo llevé el cálculo con contador, con expertos en derecho laboral, entonces yo no iba a ir a hacer una cosa que no es”, indicó. “¿Vos creés que yo voy a ir de sinvergüenza a pedir lo que no tengo derecho?”, sostuvo.
García dice que se ha sentido muy mal por los comentarios en su contra, incluso de otros periodistas y pide que su caso se vea como algo laboral que afecta también a otros comunicadores.
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“Yo quisiera que a cada uno de los muchachos y muchachas a quienes les hayan violentado sus derechos, comiencen a hablar, son momentos convulsos pero no es porque sea determinada empresa, eso no tiene que verse así, eso tiene que verse desde la perspectiva del derecho, del miedo a hablar, la vergüenza a hablar, hay mucha vergüenza del periodista a defender sus derechos frente al poder económico y político”, aseguró.
Una audiencia especial del caso está programada para el 16 de octubre en el Juzgado Séptimo de Distrito de Trabajo de Managua.
Persecución a medios independientes
Nicaragua vive momentos trascendentales en los que el gobierno de Daniel Ortega trata de acallar a los medios de comunicación independientes. El embargo de la Dirección General de Ingresos (DGI) a Canal 12 ha sido catalogado como parte del terrorismo fiscal contra la empresa privada.
Canal 12 junto a Canal 10 son las únicas dos televisoras nacionales que siguen informando acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidos por el gobierno. El resto de canales son propiedad o están controlados por la familia presidencial.
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